Miami, 7 ago (ELINFORMADORUSA/EFEUSA).- La administradora de centros de detención de indocumentados GEO Group advirtió a activistas de Dream Defenders de posibles acciones legales por «difamación» en la antesala de protestas previstas para este martes frente a sedes de la empresa en el país, entre ellas la principal, en Boca Ratón (Florida).
El grupo proinmigrante informó hoy de que GEO Group les envió una «demanda de cese y desistimiento», en la que sindica a los Dream Defenders de «acusaciones falsas y maliciosas» en su sitio de internet y cuestiona el uso por parte de la organización de términos como «familias separadas» y «jaulas».
Sin embargo, Chardonnay Singleton, directiva de Dream Defenders, señaló hoy que proseguirán mañana con las protestas pese a la carta de GEO, la cual, dijo, obedece a la presión que los activistas están logrando entre los políticos a menos de tres meses de las elecciones legislativas.
«Estamos haciendo que el dinero de GEO sea tóxico, una pesadilla política para los políticos que toman contribuciones de ellos».
Aseguró que los políticos «deberían avergonzarse de recibir su dinero, y en Florida, están empezando a estarlo».
Las manifestaciones del «Día Nacional de Acción» tendrán lugar en quince ciudades, en California y Arizona, como también en Nueva York.
La empresa demanda en una carta enviada a los Dream Defenders remover la referencias que incitan a crear transtornos en las instalaciones de GEO en el país y asegura que ellos no tienen «ningún papel» a la hora de determinar si una persona o grupo de personas debe o no estar detenido.
Los Dream Defenders contestaron que se tratan de amenazas e intimidaciones para silenciarlos.
El año pasado, señalan, «GEO reportó 2.260 millones de dólares en ingresos. Su negocio es encarcelar personas. Ninguna cantidad de retórica legal convertirá eso en una mentira».
Según el grupo proinmigrante, los términos jaulas y familias separadas han sido «ampliamente» utilizados por los periodistas en los últimos meses en referencia a la detención de niños separados de sus padres indocumentados en la frontera con México como parte de la política de «cero tolerancia» del presidente Donald Trump.
Por los menos 2.500 niños inmigrantes fueron separados de sus padres en la frontera con México, de los cuales unos 500 aún no han sido reunificados pese a una orden judicial.
