Washington (EFE)
Las propuestas del presidente Joe Biden para la legalización de unos 11 millones de migrantes indocumentados reabren el debate sobre este asunto que ha impedido una reforma integral del sistema de inmigración de Estados Unidos por un cuarto de siglo, dijeron hoy expertos. Las iniciativas de Biden en materia de inmigración «son las más completas en muchos años», señaló en una teleconferencia Doris Meissner, del Instituto de Política Migratoria (MPI), y ex directora del Servicio de Inmigración y Naturalización.
«La situación de los millones de inmigrantes que ya están en el país y los pasos para su legalización son la razón por la cual no ha habido una reforma en más de 25 años», añadió. «Ésta no es una población uniforme, hay subgrupos con características muy diferentes». Según el informe divulgado hoy por MPI, el 60 % de estos inmigrantes ha vivido en Estados Unidos por más de 10 años, y el 57 % de los que son mayores de cinco años de edad habla solamente inglés o habla muy bien este idioma.
La mayoría de los indocumentados está profundamente arraigada en la fuerza laboral, la economía y las comunidades de Estados Unidos y sólo uno de cada cinco indocumentados ha estado en el país por menos de cinco años, añadió el estudio. «Aún si el gobierno de Estados Unidos intentara deportar a todas las personas que carecen de un estatus legal, ello requeriría recursos enormes y resultaría en dislocaciones en gran escala», advirtió MPI. El 66 % de los inmigrantes indocumentados, mayores de 16 años de edad, tiene empleos, en tanto que el 5 % está desempleado y el 30 % no figura en la fuerza laboral, de acuerdo con los datos de MPI. El 29 % de los indocumentados es propietario de su vivienda, el 35 % de los mayores de 15 años de edad vive con al menos un menor de edad que es ciudadano de Estados Unidos, y el 22 % de los mayores de 15 años está casado con un ciudadano o una ciudadana estadounidense o una persona con residencia legal permanente (tarjeta verde).
Entre los subgrupos de indocumentados mencionados por Meissner, el informe calculó que hay entre 1,7 millones y 2,9 millones de migrantes que califican para el programa DACA, y otros 320.000 amparados por el Estatus de Protección Temporaria (TPS). El informe calculó que hay entre 1,1 millones y 5,6 millones de «trabajadores esenciales» -de los cuales de 72.000 a 361.000 están en el programa DACA. La amplitud de estas cifras, señaló MPI, depende de la definición de las ocupaciones consideradas esenciales. Los trabajadores rurales suman otro 1,2 millones de indocumentados, y los cónyuges de ciudadanos estadounidenses o residentes legales añaden 1,4 millones de personas. Hay 3,4 millones de padres y madres, indocumentados, que viven con un ciudadano estadounidense o un residente legal.
Finalmente, la lista de subgrupos incluye al menos 1,7 millones de inmigrantes indocumentados que pueden contar con empleadores que los patrocinen para obtener la residencia legal permanente. En sus primeras órdenes ejecutivas sobre inmigración, el presidente Biden ofreció una senda para la regularización de la situación legal de los indocumentados que incluye una espera de cinco años para que los migrantes que hayan estado en el país antes del 1 de enero de 2021 reciban la residencia legal, y otra espera de tres años para que puedan solicitar la ciudadanía.
