Washington, 29 jul (ELINFORMADORUSA/EFE News).-
Los más de 800.000 inmigrantes amparados por la Acción Diferida Para los Llegados en la Infancia (DACA) se han convertido en «piñata política» con los vuelcos en la política del gobierno del presidente Donald Trump, afirmó este miércoles el representante Lou Correa, demócrata de California, en una audiencia legislativa.
«Esta gente está asustada, están en un limbo», dijo Correa en una comparecencia del sub director del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), Joseph Edlow, en el Subcomité de Inmigración y Ciudadania de la Cámara de Representantes.
«Para estar amparados por el DACA estos individuos tienen que respetar las leyes, tienen que ser estudiantes, muchos de ellos están en primera línea de la lucha contra COVID-19», continuó Correa.
«Son enfermeras, son los que cultivan y cosechan nuestra comida, los que nos mantienen alimentados. Algunos han hecho el sacrificio último, son soldados que pelean por nuestro país», añadió.
Los legisladores demócratas interpelaron a Edlow la decisión anunciada este martes por el gobierno de Trump de reducir de dos a un año la extensión de los permisos de DACA ya existentes, y rechazar las nueva solicitudes de personas que fueron traídas ilegalmente al país cuando eran menores de edad.
La representante Pramila Jayapal, demócrata de Washington, señaló que USCIS ha tenido más de un mes para cumplir con el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia que calificó como «arbitraria y caprichosa» la cancelación del DACA, por decreto del presidente Trump a fines de 2017.
«Al gobierno no le compete decidir si cumple o no cumple con un dictamen del Tribunal Supremo», dijo Jayapal. «Hay más de 800.000 jóvenes esperando que el gobierno cumpla».
El fallo del Supremo dejó abierta la posibilidad de que el gobierno presentara de nuevo su posición sustentándola en argumentos, algo que aún no ha hecho.
Un funcionario de la Casa Blanca dijo este martes que «el Tribunal Supremo no dictaminó que el programa, creado por decreto del presidente Barack Obama en 2012, sea legal».
«El Tribunal sólo indicó que el Gobierno no había justificado de manera suficiente la cancelación de DACA. El Tribunal estuvo de acuerdo en que el Gobierno puede cancelarlo», agregó. El gobierno de Trump «ha emprendido ahora una revisión nueva y completa del DACA, y hacerla correctamente requerirá tiempo».
El representante Andi Biggs, republicano de Arizona, reiteró en la audiencia de hoy el argumento de que «el Tribunal Supremo no dijo que el DACA sea legal», y afirmó que «la realidad es que hay gente que usa su estatus de DACA para violar la ley, trayendo de contrabando extranjeros al país».
Sobre los números rojos de la agencia federal, Edlow recordó a los legisladores que USCIS «encara una tremenda cortedad presupuestaria, después de operar en déficit por años. No podíamos anticipar el impacto de la pandemia que nos ha empujado a considerar el despido temporal de empleados».
«Hemos pedido al Congreso 570 millones de dólares para completar este año fiscal (que concluye el 30 de septiembre) y 650 millones de dólares para el año fiscal siguiente», apuntó el funcionario.
El representante Ken Buck, republicano de Colorado, señaló que el Congreso, en su primer paquete de medidas para confrontar la pandemia, aprobó en marzo más de 750.000 millones de dólares para escuelas, hospitales y emergencias, y sostuvo que «lo que USCIS pide es una gota en un balde».
La semana pasada USCIS anunció que suspendía el despido temporal de más de 13.400 de sus 16.700 empleados que debía comenzar el 3 de agosto por falta de fondos.
USCIS opera financiada por las tarifas que pagan los inmigrantes en sus trámites de visas temporarias, visas de residencia legal permanente y obtención de la ciudadanía estadounidense. Estos trámites han disminuido sustancialmente debido a la pandemia de COVID-19.
La agencia ha calculado una reducción del 61 % en sus recaudaciones hasta el fin del período fiscal 2020, que concluye el 30 de septiembre, y aunque ha limitado los aumentos de sueldos y ha adoptado otras medidas para restringir sus gastos, sus directores han indicado que se necesitan medidas drásticas para mantenerla funcionando.
Los empleados de USCIS habían advertido que las licencias no pagadas tendrán un impacto grave en la economía, las Fuerzas Armadas y la inmigración legal.
«Nos aterra la perspectiva de que nuestras fuerzas militares, las empresas, la economía y los solicitantes legales de visas sufran más perjuicios si el Congreso no actúa», dijo la representante gremial Danielle Spooner, en una campaña de avisos en televisión y redes sociales, promovida por la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE).
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