La regla de carga pública que Donald Trump implementó el año pasado y que afecta los trámites migratorios incluyendo la residencia legal permanente (Green Card o tarjeta verde), sigue vigente sin ningún tipo de cambios, según lo han informado expertos y abogados consultados por El Informador.
Según abogados dicen que todo esto es porque el presidente anunció una comisión que revisará la regla, pero por el momento los inmigrantes deben considerar las limitaciones al momento de solicitar un beneficio.
La nueva regla de carga pública entró en vigor el 24 de febrero del 2020, pero a finales de julio un juez federal de Nueva York la detuvo bajo el argumento de que la política “disuade a los inmigrantes de buscar hacerse la prueba del covid-19, situación que podría amenazar los esfuerzos para frenar la propagación del coronavirus”.
El gobierno apeló el fallo y el pasado 11 de septiembre la Corte de Apelaciones del 2º Circuito emitió una decisión que permitió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reanudar su implementación.
El martes pasado Biden firmó tres órdenes ejecutivas migratorias para revertir parte de la política que Trump impuesta en los últimos cuatro años. Una de ellas ordena integrar un grupo para que revise la regla y le presente un informe en un plazo de 60 días.
Las órdenes ejecutivas que el presidente Biden firmó son:
- Una para restablecer el sistema legal modificado por Trump.
- Otra para abordar las causas de la migración indocumentada hacia Estados Unidos y recuperar el proceso de asilo.
- Una tercera que crea un grupo de trabajo para reunificar a las familias afectadas por la cuestionada política de separaciones forzadas que el gobierno de Trump implementó en la frontera, primero de forma secreta durante más de un año.
En el primer decreto ordenó una “revisión inmediata” de las acciones de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) “sobre la inadmisibilidad de la carga pública”.
La revisión estará a cargo de los secretarios de Estado y Seguridad Nacional, del Fiscal General y los jefes de otras agencias relevantes, según corresponda, quienes “revisarán todas las acciones relacionadas con la implementación del motivo de inadmisibilidad de carga pública”, señaló.
