Nueva York, 15 mar (ELINFORMADORUSA/EFE News).-
La controvertida regla de carga pública de la Administración del hoy expresidente Donald Trump ha dejado de tener efecto, tras la decisión del Gobierno de Joe Biden de no defenderla en los tribunales y desde este lunes retorna a sus requisitos anteriores, mientras un grupo de estados republicanos lucha en las cortes por revivirla.
La Administración Biden retiró el pasado 9 de marzo las apelaciones que existían de la pasada Administración, tanto en el Tribunal Supremo como en cortes inferiores, dando paso a la restauración de las normas que habían regido hasta 2020, que fueron modificadas en una de varias medidas extremas tomadas por el Gobierno de Trump para detener la inmigración no autorizada.
«Esa regla creó mucho miedo, mucha confusión, desinformación y mucha ansiedad en nuestra comunidad» desde 2017, cuando hubo rumores de que habría cambios, dijo a Efe Luvia Quiñones, directora de políticas de salud de la Coalición Pro Derechos del Inmigrante y Refugiados de Illinois, que en 2019 presentó una demanda contra la puesta en marcha de los nuevos requisitos de carga pública.
Además de Illinois, al menos otros 20 estados, entre ellos California, Nueva York, Vermont, Connecticut, Pensilvania y Oregón, así como ciudades y condados, presentaron demandas para detener la aplicación de la polémica regla que a partir de la decisión de la Administración Biden ya está muerta, aunque aún queda por ver qué ocurrirá con las dos demandas que buscan revivirla.
«Muchas personas pensaban que si solicitaban algún tipo de beneficio público para sus hijos, aunque fueran ciudadanos, les podía afectar» en el futuro ante un posible cambio de estatus o que los deportarían, comentó Quiñones, y recordó que uno de cada cuatro niños en Estados Unidos tiene un padre inmigrante.
Otros que calificaban no solicitaron ayuda por la confusión y miedo, y muchos otros dejaron de ir a hospitales durante la pandemia de covid-19 y no quieren recibir la vacuna, comentó.
La polémica norma estableció que un migrante legal será definido como «carga pública» si recibe «uno o más beneficios públicos designados» durante más de 12 meses en un periodo de tres años, como asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda o salud, entre otros.
Una corte federal falló en favor de la Coalición, representada por el Shriver Center on Poverty Law, y determinó que la nueva regla debía ser bloqueada en el país, lo que no ocurrió por la apelación del Gobierno (ahora retirada).
En 1882 el Congreso estableció el concepto de carga púbica para permitir que el Gobierno pudiera denegar una tarjeta de residencia, pero no fue hasta 1999 que se definieron los requisitos para evaluar la petición: si había recibido ayuda en efectivo como Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) o Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y programas comparables a nivel estatal o local.
También si había recibido cuidado institucional de largo plazo financiado por el Gobierno, requisitos que fueron ampliados por el Gobierno de Trump.
«El número de personas a las que afectaba (la regla de Trump) era muy pequeño», y no incluía indocumentados porque no califican para la asistencia del Gobierno, dijo Quiñones, y afirmó que «una de las metas era crear miedo y confusión en nuestra comunidad», que todavía persisten.
Advirtió que están listos para volver a los tribunales para evitar que se reviva la controvertida regla al referirse a dos demandas de varios estados que insisten que las cortes escuchen sus argumentos en favor de la regla.
Una de ellas fue presentada ante el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito en Virginia por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, junto a otros 13 procuradores de estados conservadores.
Otros 11 estados, liderados por el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, dieron ese paso ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en California.
«No creemos que sea posible que vuelva la regla de carga pública de Trump. Creo que eso será bien difícil y aunque no hay seguridad (porque falta ver lo que digan los tribunales) no creemos que vaya a ser posible», comentó por su parte la abogada Militza Pagán del Shriver Center, que representó a la Coalición en la demanda de 2019.
Indicó que están atentos a lo que digan las cortes pero, «al final del día, no creemos que vayan a revivir la regla».
