Los Ángeles, 22 oct (ELINFORMADOURUSA/EFEUSA).-
as autoridades de inmigración ponen en peligro la salud física y mental de mujeres y niñas bajo su custodia e incluso niegan el derecho a aborto en casos de abuso sexual, reveló un estudio publicado este lunes por el Center for American Progress.
El reporte «Immigration Detention Is Dangerous for Women’s Health and Rights» encontró que las políticas del gobierno del presidente Donald Trump aumentaron el riesgo para la salud de las migrantes y violan sus derechos básicos «sistemáticamente».
El informe destaca que, desde octubre de 2017 hasta agosto de 2018, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a 1.655 mujeres embarazadas, que en su mayoría supuestamente no recibieron la atención medica necesaria.
En el texto se cita el caso de una inmigrante salvadoreña, a quien nombran Teresa, que en 2017 llegó con cuatro meses de embarazo y en busca de asilo al puerto de entrada de San Ysidro, California, y resultó detenida.
A pesar de que la migrante expuso a las autoridades en repetidas ocasiones que estaba embarazada y presentaba sangrado, no le prestaron atención médica.
Sólo unos días después, el personal médico en el centro de detención confirmó que la migrante había tenido un aborto espontáneo, pero nunca le dieron atención médica fuera del centro de detención a pesar que tuvo serias complicaciones.
Las autoridades también hicieron caso omiso a las peticiones para que fuera liberada por razones humanitarias. Cuatro meses después de abortar, Teresa continuaba detenida y no había recibido tratamiento médico.
Asimismo, el estudio destaca que entre los años fiscales 2017 y 2018 se reportó que 28 mujeres tuvieron abortos espontáneos bajo custodia de ICE.
De acuerdo con la investigación, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) socavó el acceso a la atención de salud reproductiva al negar solicitudes de aborto a menores migrantes, a pesar de que algunas habían sido abusadas sexualmente.
El exdirector de ORR, Scott Lloyd, no aprobó ni una sola solicitud a menores de edad en busca de atención por aborto.
Aquellas que pudieron recibir un aborto lo hicieron sólo después de que un tribunal interviniera, anota el reporte.
Además, otro gran obstáculo que tendrían que enfrentar las niñas y mujeres migrantes son los abusos sexuales que sufren bajo custodia del gobierno estadounidense.
Nora Ellmann, autora del estudio, subraya que de 1.224 denuncias de abuso sexual bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) entre enero de 2010 y septiembre de 2017, solo 43 fueron investigadas.
También, el 59 % de los presuntos autores fueron identificados como agentes de inmigración o contratistas privados.
El reporte recomienda al Gobierno y al Congreso restablecer la liberación de migrantes embarazadas, así como prohibir la práctica de encadenarlas.
Pide prohibir el uso de confinamiento solitario a los inmigrantes y asegurar que «las agencias que detienen inmigrantes estén implementando estándares de atención médica y de salud mental culturalmente competentes e informados en el trauma».
«Los legisladores deben realizar una supervisión agresiva de las agencias de aplicación de la ley de inmigración para garantizar que defiendan la salud y los derechos de cada individuo, pero especialmente de las mujeres», puntualizó Ellmann en un comunicado.
