San Diego (CA), 18 abr (ELINFORMADORUSA/EFEUSA).- La Junta de Supervisores de San Diego aprobó hoy unirse a la demanda presentada por el Gobierno del presidente Donald Trump en contra de la ley SB 54, que convierte a California en un «santuario» para inmigrantes.
De esta manera, el segundo condado más grande del estado presentará un informe amicus en apoyo al litigio, «a la primera oportunidad disponible», que se piensa será en caso de una apelación, según expresó en rueda de prensa Kristin Gaspar, presidenta de la Junta de Supervisores.
La funcionaria explicó que la votación de los supervisores (tres votos a favor y uno en contra), todos ellos republicanos, se dio a puerta cerrada dado que abarca «cuestiones legales».
«Está en el mejor interés del condado y nuestros contribuyentes el no comprometer nuestra estrategia legal en sesión abierta antes de tomar una decisión».
Gaspar mostró dos pilas de documentos, una evidentemente más alta que la otra, e indicó que la más voluminosa corresponde a «unos 800» correos electrónicos que recibió en favor de que el condado aprobara la iniciativa.
Sin embargo, y ante cuestionamientos de la prensa, precisó que no se verificó la procedencia de cada uno de ellos.
Dianne Jacob, supervisora del condado que votó a favor de unirse al litigio, señaló que el hecho de que «un gran número de ciudades», al igual que los condados de San Diego y Orange, se estén manifestando en contra de las políticas del estado, habla de que «aquellos que nos representan en Sacramento, no están representando a la gente».
«Este no es un mensaje simbólico, un amicus puede realmente influir en la corte», consideró Jacob.
Ambas funcionarias insistieron en que la resolución responde a preocupaciones de seguridad pública, ya que se consideró que la recién implementada ley SB-54 de California propicia la liberación a las comunidades de quienes han cometido crímenes.
Gaspar citó números del Departamento del Alguacil que señalan que de enero a la fecha actual se ha liberado a cerca de 280 individuos que tenían una solicitud de retención («ICE hold») por parte de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
El supervisor Ron Roberts, quien representa un distrito con alta presencia de hispanos, no estuvo presente en la votación debido a un viaje planeado con anterioridad, aunque envió una carta a sus colegas en la que los exhortó a «mantenerse al margen de este tema». El único voto en contra fue del supervisor Greg Cox, quien representa la zona sur del condado de San Diego.
La determinación puede considerarse una victoria para el presidente Donald Trump, ya que se da en un condado que en 2016 favoreció ampliamente a la entonces candidata demócrata Hillary Clinton, con más del 56 por ciento de los votos.
De esta manera, el condado de San Diego se une a otras ciudades en el sur de California, además del condado de Orange, en rebelión a las denominadas «leyes santuario» que limitan la colaboración entre los departamentos de policía local y las autoridades de Inmigración.
Adriana Jasso, activista del Comité de Amigos Americanos de San Diego, lamentó la postura del condado, al considerar que no refleja el sentir de la mayoría.
«Es penoso, es desgraciadamente una decisión que manda un mensaje de aun más miedo, más vulnerabilidad en la comunidad», subrayó.
Por su parte, Lilian Serrano, presidenta del Consorcio por los Derechos de Inmigrantes de San Diego, señaló que se trata de un «ataque al compromiso de California de valorar y proteger a todos sus residentes, sin importar de dónde vienen y de tratarlos con dignidad y compasión».
Previo a la deliberación a puerta cerrada, la junta de supervisores escuchó por poco más de una hora a decenas de miembros de la comunidad, en su mayoría, en contra de que el condado se uniera a la demanda del gobierno federal.
Entre las voces a favor estuvo la de Louis Reyes, quien tachó a la SB-54 de «anticonstitucional» y una amenaza para las comunidades. Otros insistieron en que su postura responde a una preocupación de seguridad pública y no a sentimientos «antiinmigrantes».
Patricia Serrano, activista y residente de Escondido, California, ciudad que semanas atrás se unió a la demanda del presidente Donald Trump, defendió a la recién implementa ley estatal al considerar que refuerza la confianza entre los departamentos de policía y las comunidades de inmigrantes.
Algunos de los opositores a la propuesta de la Junta del Condado cuestionaron a su presidenta, Kristin Gaspar, sobre si la incorporación del tema a la agenda responde a intereses políticos, haciendo notar que actualmente se encuentra en campaña por el asiento del congresista Darrell Issa, quien anunció su retiro este año.
