San Diego (CA), 13 feb (ELINFORMADORUSA/EFEUSA).- El Condado de San Diego demandará al Gobierno federal por su gestión de las familias migrantes que, tras ser procesadas por autoridades federales, fueron liberadas a su suerte, decidió la Junta de Supervisores tras una votación a puertas cerradas.
«La administración Trump creó esta crisis al liberar en nuestras comunidades a familias que buscan asilo sin darles los recursos críticos o incluso lugares para refugiarse», señaló en un comunicado la presidenta de la Junta, la republicana Dianne Jacob.
La Junta de Supervisores, conformada por mayoría republicana, aprobó el pasado 29 de enero el uso de un edificio abandonado como albergue temporal para familias que han llegado a la frontera en búsqueda de asilo político.
Esto ocurrió luego de que se detectaran miles de casos de inmigrantes que una vez procesados por autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fueron dejados en estaciones de autobús u otros sitios públicos, sin ningún tipo de asistencia.
En respuesta, voluntarios de la denominada Red de Respuesta Rápida de San Diego (SDRNN) se vieron obligados a instalar un albergue de emergencia para atender la alta demanda.
Se estima que en los últimos cuatro meses, dicha asociación recibió a cerca de 5.200 personas, incluyendo mujeres y niños que llegaron con las caravanas centroamericanas.
El gobernador de California, Gavin Newsom, también intervino y destinó de inmediato un fondo de 5 millones de dólares para apoyar a las asociaciones que brindan techo y otros servicios a refugiados.
Autoridades locales y estatales se vieron obligadas a actuar ante el temor de que estos grupos vulnerables fueran presa de organizaciones criminales, enfermedades, o llenaran aún más los albergues disponibles para personas sin hogar.
Si bien aún se desconocen los pormenores de la votación de hoy, Nathan Fletcher, el único supervisor demócrata en la junta y uno de los promotores de la iniciativa para abrir un nuevo albergue, insinuó haber apoyado la acción legal en contra del Gobierno federal.
«Mientras que esperamos a los tribunales, el Condado de San Diego no abandonará a los solicitantes de asilo. Estamos comprometidos en continuar nuestro trabajo con la SDRRN y el estado de California para garantizar un trato humano y compasivo para todos», comentó.
La decisión de hoy contrasta con lo votado hace un año, cuando la Junta de Supervisores aprobó con tres votos a favor unirse a la demanda del presidente, Donald Trump, en contra de la «ley santuario» de California.
«El Gobierno federal ha fallado en considerar el impacto de sus acciones a la salud pública y seguridad. La demanda es un esfuerzo para que rindan cuentas», concluye la presidenta de la Junta en su declaración.
Jacob había adelantado que dicho litigio buscaría que el Gobierno cumpla con su deber y «reembolse al Condado y a todas las demás entidades que han gastado dinero en un asunto que es una responsabilidad federal», según el periódico San Diego Union-Tribune.
