Washington, 6 nov (ELINFORMADORUSA/EFE News).-
La campaña del candidato presidencial demócrata, Joe Biden, avisó este viernes de que si el exvicepresidente gana las elecciones, el Gobierno estadounidense tendrá el poder de echar a cualquier «intruso» de la Casa Blanca, en alusión al mandatario Donald Trump.
Un portavoz de la campaña de Biden respondió así a las informaciones de varios medios de que Trump no tiene intenciones de aceptar una posible derrota y no ha preparado un discurso de concesión en caso de que las proyecciones de los medios den la victoria a su rival demócrata.
«Como dijimos en julio, el pueblo estadounidense decidirá estas elecciones. Y el Gobierno de Estados Unidos es perfectamente capaz de escoltar a cualquier intruso fuera de la Casa Blanca», dijo el portavoz, Andrew Bates, en declaraciones a la cadena de televisión Fox News.
Trump no tiene planes de conceder la derrota incluso si su camino a la reelección se bloquea del todo, algo probable porque necesita ganar en varios estados donde Biden lleva ventaja si quiere asegurarse un segundo mandato.
Según la cadena CNN, los aliados del presidente, incluido su jefe de gabinete Mark Meadows, no han intentado ayudar a Trump a entender lo que está ocurriendo y siguen alimentando sus acusaciones sin pruebas de que le están robando las elecciones.
Algunos aliados del presidente han hablado sobre la posibilidad de que tengan que ser su yerno Jared Kushner o su hija Ivanka Trump quienes se encarguen de hablar en serio con él para que asuma su derrota en el caso de que la ventaja de Biden sea evidente, añadió CNN.
El discurso de concesión es una tradición en Estados Unidos, pero no es obligatorio por ley en el país, por lo que no sería necesario para certificar una potencial victoria de Biden.
El factor que más preocupa a los expertos no es tanto la posibilidad de que Trump se niegue a reconocer la victoria, sino la posibilidad de que los desafíos legales presentados por su campaña en varios estados clave prolonguen la incertidumbre sobre el resultado.
Las autoridades estatales tienen hasta el 8 de diciembre para resolver cualquier controversia que pueda surgir sobre la elección de sus compromisarios en el Colegio Electoral, y el 14 de diciembre sus miembros se reúnen en sus estados y votan formalmente al presidente, una votación que ha de avalar el nuevo el Congreso el 6 de enero.
