Los Ángeles, 23 ago (ELINFORMADORUSA/EFEUSA).- Abogados denuncian que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) ignora la recomendación de suspender las órdenes de deportación a inmigrantes que han solicitado la visa «U», destinada a víctimas de crímenes en EE.UU., y les ordenan esperar fuera del país la resolución de su caso.
«Estas decisiones están afectando a los inmigrantes y creando desconfianza en el sistema. Con estas nuevas prioridades de las autoridades de inmigración ningún indocumentado va a querer reportar un crimen», advirtió a Efe el abogado Alan Diamante.
Desde que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) creó en 2009 la visa «U», se diseñó una guía para agentes de ICE en la que se recomienda suspender las deportaciones de los peticionarios.
«De acuerdo con la guía de la agencia el individuo que ha establecido en primera instancia la elegibilidad para la visa «U» debería ser considerado favorablemente por agentes del ICE», asegura Heather Drabek Prendergast, abogada consejera de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).
Sin embargo, Virginia Kice, portavoz de ICE para la región oeste, fue rotunda al asegurar que lo «único» que impide que ICE ejecute una orden de expulsión es una «suspensión o una petición de visa aprobada».
El amparo migratorio que es tramitado por USCIS fue establecido para favorecer a víctimas o testigos de crímenes violentos que colaboraron con la policía, y elimina las órdenes de deportación que el beneficiado pueda tener.
Hasta hace poco tener una solicitud pendiente de este tipo de visa era suficiente para que los oficiales de ICE ejercieran su discreción y permitieran al peticionario quedarse en el país a la espera del resultado.
No obstante, bajo la administración del presidente Donald Trump los agentes han dejado de tener en cuenta este criterio.
«La prioridad en este momento es ejecutar todas las órdenes de deportación y como la espera para recibir una respuesta a la petición de la visa ‘U’ puede durar años los agentes del ICE prefieren ejercer la orden de deportación», aseguró el abogado Fernando Romo.
Las negativas se están dando en todo el país. Esta semana uno de los clientes de Diamante recibió la orden de salir del país y esperar la respuesta de su petición de visa «U» en su país de origen.
En este tipo de casos, la portavoz de ICE indicó que si la solicitud de visa es aprobada posteriormente a su repatriación la agencia «ayudará a facilitar el regreso de la persona a EE.UU.».
El problema con los peticionarios de esta visa van más allá, explica el letrado, que denuncia que los agentes de ICE ni siquiera solicitan a USCIS la información para confirmar que existe una petición aprobada.
«Me he quejado con las autoridades de USCIS porque no entregan la información de mis clientes, pero ellos me dicen que ICE no ha solicitado la información, no quieren seguir los procedimientos» denunció Diamante.
El expresidente de AILA Victor Nieblas aseguró que las negativas también llegaron a las cortes de inmigración, donde los jueces y los fiscales de ICE no quieren otorgar el tiempo necesario para que USCIS pueda dar una resolución.
«Con una espera de 3 a 5 años para que pueden dar una respuesta, algunos jueces prefieren decir que no a la suspensión de la orden de deportación», indicó.
La situación se agrava si se tiene en cuenta que este beneficio ampara a cónyuges e hijos solteros menores de 21 años del peticionario.
«Es un beneficio que da camino a la ciudadanía y ha ayudado a miles, pero es claro que ahora no protege de la deportación y que la política del ICE ahora es que los solicitantes de visas U son ‘bienvenidos a esperar afuera'» apuntó Romo.
USCIS procesa 10.000 solicitudes de visa «U» al año y Romo asegura que hay cerca de 170.000 casos en lista de espera y que en la actualidad se están procesando los casos sometidos hace 3 años.
Un grupo de abogados de inmigración han pedido a la senadora Dianne Feinstein que intervenga y defienda a este grupo de indocumentados al considerar que el Gobierno está «violando sus propias normas» y no descartan llevar esta situación a los tribunales, aseguró Diamante.
