Austin (TX), 9 may (ELINFORMADORUSA/EFEUSA).- El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, demandó hoy al condado de Travis, cuya capital es Austin, por las políticas «santuario» implementadas desde febrero de este año, que tienen como objetivo proteger de la deportación a los inmigrantes indocumentados.
«Las autoridades locales de todo Texas tienen el claro deber de continuar deteniendo a los indocumentados y sospechosos de ser extranjeros criminales de conformidad con los arrestos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)», expresó Paxton en un comunicado en referencia a la demanda interpuesta hoy.
Este requerimiento llega a la corte un día después de que el gobernador de Texas, el también republicano Greg Abbott, ratificase ayer por la noche un polémico proyecto de ley que prohibirá las «ciudades santuario» en el estado de la estrella solitaria a partir del próximo 1 de septiembre.
La ley SB4, que busca penalizar a los gobiernos locales y a las universidades que decidan no cooperar con las autoridades migratorias federales en la identificación de los inmigrantes indocumentados, podría acarrear penas de cárcel para los sheriffs texanos que estén al cargo de las oficinas que no cooperen con ICE.
«Esta es una cuestión de seguridad pública que requiere una resolución rápida. Si un sheriff de Texas u otra autoridad de aplicación de la ley no puede legalmente honrar a un detenedor de ICE, la gente peligrosa se deslizará a través de las grietas del sistema de justicia y volverá a nuestras comunidades», continuó el escrito rellenado hoy por el fiscal general texano.
El condado de Travis, en el que se encuentra la capital de Texas, Austin, limitó en febrero su cooperación con los funcionarios federales de inmigración en la detención de indocumentados al entrar en vigor las nuevas políticas «santuario» adoptadas por la oficina de la sheriff Sally Hernández.
Así, los servidores públicos de Travis únicamente colaboran desde entonces con las autoridades federales cuando un sospechoso es registrado en la cárcel del condado con cargos de asesinato, agresión sexual o tráfico de personas.
De lo contrario, los agentes federales deben tener una orden judicial o una orden de arresto firmada por un juez para que la cárcel siga alojando a una persona cuyo estatus migratorio está en cuestión.
La reacción de Abbott, férreo opositor a las «ciudades santuario», no se hizo esperar y el mismo día cortó la financiación estatal para este condado, lo que afectó a una partida de 1,5 millones de dólares que el condado debía recibir este año de la división de justicia penal de la oficina del gobernador.
En la demanda del estado ante el Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito Oeste de Texas, aparece nombrada la sheriff Hernández, junto con el condado de Travis y la ciudad de Austin, incluyendo al alcalde municipal, el demócrata Steve Adler.
Una de las primeras organizaciones en mostrar su disconformidad ante esta demanda fue el Fondo Mexicano Estadounidense de Defensa Jurídica y Educación (MALDEF, por sus siglas en inglés), que denunció hoy que se trata de una acción «frívola, presentada precipitadamente y sin base legal».
«En vez de esperara a que las personas y entidades agraviadas persigan los muchos desafíos constitucionales de la SB4, el estado manifiesta su propia ansiedad para declarar esta legislación constitucional», detalló en este documento el presidente de esta organización, Thomas A. Saenz.
Hoy mismo, numerosas organizaciones proderechos civiles, entre ellas MALDEF, y administraciones locales advirtieron de que van a emprender medidas legales en contra de esta ley estatal que prohibirá las «ciudades santuario» en Texas.
