Washington, 29 mar (ELINFORMADORUSA/EFEUSA).- El Gobierno prepara una propuesta que penalizaría a los inmigrantes que se acojan a diferentes prestaciones sociales a la hora de acceder a un estatus legal en el país, según informó hoy «The Washington Post».
Bajo la nueva propuesta, los inmigrantes que opten por aceptar beneficios públicos como las deducciones de impuestos podrían ser rechazados cuando soliciten la residencia legal, según un borrador al que tuvo acceso este medio.
Estas consecuencias afectarían a quienes reciban diferentes servicios que no impliquen el acceso a un beneficio en efectivo, algo que cambia radicalmente el criterio actual, por el que se les considera a los inmigrantes como «una carga pública» cuando las prestaciones a las que se acogen son en efectivo.
De este modo, los extranjeros que se acojan a algún subsidio de seguro médico o de deducción impositiva en EEUU verán al solicitar un estatus legal como estas acciones serán tenidas en cuenta por los trabajadores de la Administración para determinar si usan beneficios sociales o si es probable que lo hagan.
Según el Post, las modificaciones se aplicarían a quienes busquen visados migratorios, residencia legal o permanente y a extranjeros con visas temporales de trabajo, lo que podría afectar a los beneficiarios del programa Acción Diferida (DACA) en su intento de buscar una residencia legal completa.
DACA es el programa que protege de la deportación a los jóvenes indocumentados que llegaron al país como niños, que fue aprobado por el gobierno de Barack Obama en 2012 y cancelado el pasado septiembre por el presidente, Donald Trump, cuando amparaba a 690.000 personas.
De aprobarse esta medida del Departamento de Seguridad Nacional, los inmigrantes podrían ser penalizados al acogerse a estas prestaciones o bien renunciar a ellas ante al temor al castigo de la Administración que ponga en peligro su residencia.
Otro de los aspectos que recoge la propuesta es ampliar los casos en los que los extranjeros deban depositar una fianza si tienen probabilidades de aceptar una prestación pública.
Esta cuantía sería de 10.000 dólares, aunque podría elevarse si el solicitante tiene un mayor riesgo de necesidad, según recoge el documento.
La portavoz del departamento Katia Waldman aseguró al Post en un comunicado que la propuesta es parte del trabajo del Gobierno de Trump por aumentar la firmeza sobre la inmigración.
«La Administración está comprometida con hacer cumplir las leyes migratorias existentes, que tienen el objetivo claro de proteger al contribuyente asegurando que los extranjeros que buscan entrar o quedarse en el país son autosuficientes», subrayó Waldman.
En esta línea, comentó que «cualquier cambio propuesto asegurará que el Gobierno se responsabilice de ser un buen administrador del dinero público seriamente y adjudique las solicitudes migratorias según la ley».
