Washington, 24 oct (ELINFORMADORUSA/EFE).-
Mientras demócratas y republicanos están concentrados en el próximo 3 de noviembre, Marilyn Miranda, con apenas 10 años, lidera su propia campaña en EE.UU., la de proteger a millones de inmigrantes, y en especial a su mamá, una salvadoreña cobijada con el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés), de la deportación.
Para su causa tiene como aliada una página de Facebook en la que se hace llamar «Niña Tepesiana de Washington DC», una especie de diario de sus actividades como hija de inmigrante.
Desde su realidad ha aprendido a servir de traductora para su mamá y a preocuparse por el destino de otros niños, algunos de ellos compañeros de su escuela, nacidos fuera de EE.UU. y que viven la incertidumbre de tener que regresar en algún momento a sus lugares de origen.
Llama a unirse a la lucha, a no tener miedo, habla de demandas y defiende el legado que los inmigrantes, como su mamá y su tío, han dejado a Estados Unidos. Pero a su corta edad, la posibilidad de que su mamá sea deportada es algo en lo prefiere no pensar cada noche.
DEPORTACIÓN, UN TEMOR LATENTE
«No me gusta pensar en eso, porque eso es bien duro para mí y para los otros niños, 300.000 niños tepesianos (hijos de beneficiados con el TPS) nacidos aquí. Va a ser bien duro para mí y para los otros niños», confiesa a Efe.
«Sin mi mamá -continúa, con una tristeza que le quiebra la voz y la saca por un momento de su discurso combativo-, no podré tener la ayuda que ella siempre me ha dado, mi mamá me puede sacar adelante hasta cuando crezca».
A su corta edad siente que el tiempo se acaba, así como la vigencia del permiso concedido a su madre 2001, si el presidente estadounidense, Donald Trump, decide no prorrogar ese amparo.
Para el caso de los salvadoreños, el permiso de trabajo puede vencer el próximo 4 de enero, aunque en virtud de una decisión administrativa de Washington debido a la cantidad de personas que ser verían afectadas (más de 260.000), el TPS se prolongaría hasta noviembre de 2021.
Todo dependerá, obviamente, del próximo 3 de noviembre.
La intención de Trump de poner fin a ese beneficio quedó libre de obstáculos el pasado 14 de septiembre, cuando la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito anuló una orden judicial preliminar emitida por el juez de distrito Edward Chen en 2018 que impedía que la actual Administración pusiera fin al TPS que protege de la deportación a casi 400.000 inmigrantes de El Salvador, Nicaragua, Sudán y Haití.
El TPS, que el Congreso estadounidense creó en 1990, solo es un permiso para que los beneficiados puedan permanecer en el país sin temor a ser deportados, pero no pueden aspirar a una residencia permanente o a la ciudadanía.
