San Juan, 25 mar (ELINFORMADORUSA/EFE).-
Un grupo de abogados puertorriqueños ha preparado y enviado a la Casa Blanca una orden ejecutiva que establece cómo se pueden transferir los poderes y dar la independencia a Puerto Rico, dejando sin efecto el Tratado de París de 1898.
Este memorando está redactado, según dijo en entrevista a EFE el autor del mismo, el abogado Rolando Emanuelli, «con el lenguaje del colonizador», Estados Unidos, que invadió Puerto Rico en 1898, cuando la isla era una colonia española, y mantiene a día de hoy su dominio sobre la misma.
El licenciado, de 62 años, apuntó que lo más innovador es que hasta ahora todas las propuestas de independencia iban destinadas para ser aprobadas en el Congreso, sin embargo «el presidente también puede dejar sin efecto tratados y podría conceder la soberanía de Puerto Rico».
«El presidente (Donald Trump) firma la orden y proclama que Puerto Rico es una entidad soberana, independiente. Reconoce nuestra soberanía bajo el poder que tiene de reconocer a las otras soberanías», explicó.
Tras debatir la idea con el escritor Javier Hernández y el abogado Carlos Rivera, Emanuelli redactó el texto de siete páginas y hace un mes envió a EE.UU. 33 misivas, revisadas por 16 personas, entre ellas el líder del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau.
Emanuelli, Hernández y Rivera ya se reunieron con los senadores Mike Lee y John McClintock; con el líder republicano del Senado, Jhone Thune; y tienen pendiente mantener una conversación con Mike Jonhson, presidente de la Cámara de Representantes.
Transferencia de poderes
Emanuelli escribió el memorando después de enterarse de que un grupo de puertorriqueños de la diáspora en EE.UU. propuso a través de un documento la independencia en el Congreso ante la incertidumbre de qué pasará con la isla si Trump recorta fondos federales.
«Si Trump recorta los fondos, aquí se anticipa que haya una crisis humanitaria porque el sistema de salud, el sistema de asistencia nutricional, la educación, todo depende de los fondos», lamentó.
El actual estatus político de Puerto Rico como Estado Libre Asociado, establecido en 1952, da a la isla cierto grado de autonomía y un Gobierno y Parlamento locales, pero deja bajo el control de EE.UU. áreas como defensa, fronteras y relaciones diplomáticas.
Entre los pasos para la transferencia de poderes, el documento detalla que EE.UU. daría 36.000 millones anuales por 20 años para la reconstrucción y el desarrollo económico de Puerto Rico y que esto supondría un ahorro de 617.000 millones de dólares si se tienen en cuenta los desembolsos proyectados actualmente.
Emanuelli explicó que, en primer lugar Trump, nombraría «un administrador que va a ser la cabeza de una comisión de transición», durante la cual se cancelaría la deuda de Puerto Rico, se disolvería la Junta de Supervisión Fiscal y se establecería el trámite para lidiar con la ciudadanía.
Sobre la ciudadanía, aclaró que al primero de enero de 2027 los nacidos en Puerto Rico ya no son ciudadanos americanos de nacimiento, pero pueden «ser naturalizados como ocurre con cualquier hijo de un ciudadano americano que nace en cualquier parte del mundo».
Libre comercio con EE.UU. y nueva Constitución
Emanuelli detalló que durante esa transición se crearía un tratado de libre comercio con Washington, debido a las «estrechas relaciones económicas» existentes, se mantendrían los derechos adquiridos como el Seguro Social, y se establecería un acuerdo de libre tránsito, ya que seis millones de puertorriqueños viven en EE.UU.
El administrador de la comisión «va a organizar no solamente la transferencia, sino la convención constituyente para que se redacte una Constitución», indicó el letrado.
Para Emanuelli, los poderes soberanos le darían a Puerto Rico «la capacidad de establecer rutas marítimas y de logística internacional sin ningún tipo de cortapisa del Gobierno federal».
«La idea es tener una transición lo más cómoda, inexpugnable y razonable posible para que Puerto Rico pueda ejercer sus funciones como entidad internacional y entrar en las relaciones comerciales con los diferentes países», sentenció.
Esta iniciativa es contraria a lo que busca el Gobierno de Puerto Rico, liderado por Jenniffer González, que defiende la ‘estadidad’ (anexión a EE.UU.).
La última consulta no vinculante sobre el estatus político de la isla, realizada en noviembre pasado, reflejó una preferencia por la ‘estadidad’ (56,82 %) pero con un fuerte repunte de las opciones de soberanía en libre asociación e independencia.
