Los Ángeles (EE.UU.), 20 mar (ELINFORMADORUSA/EFE).-
Organizaciones civiles hicieron este martes un llamado a los residentes de Texas y migrantes a conocer sus derechos ante la entrada en vigor hoy de la polémica ley que permite a las autoridades estatales detener y expulsar a personas que consideren «sospechosas» de haber cruzado la frontera con México de manera irregular.
La advertencia ocurre pocas horas después de que el Supremo de EE.UU. permitiera la entrada en vigencia de la ley S-B4 mientras se dirime una batalla en una corte de apelaciones después de que la Administración del presidente Joe Biden y defensores de los inmigrantes demandaran la iniciativa al considerarla inconstitucional.
Domingo García, presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, en inglés), la más antigua organización hispana en EE.UU., alentó hoy en una conferencia de prensa a los residentes de Texas a conocer sus derechos y a reportar los abusos relacionados con la aplicación de la medida.
Explicó que la organización habilitará en los próximos días una línea telefónica gratuita para dar información a los afectados y recibir denuncias sobre abusos por la medida.
La ley, una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos, convierte en delito menor que un extranjero «ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera» de forma irregular. La falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.
La iniciativa también permite que la Justicia estatal ordene la expulsión de personas sin mediar proceso legal. Asimismo, los policías podrán arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó ilegalmente al país, y tendrán la facultad discrecional de expulsarlo a México en vez de arrestarlo.
García anticipa que su aplicación no sólo afectará a los migrantes. «Hemos visto en el pasado como ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes son detenidos injustamente por esta clase de leyes».
«En Texas más del 50 % de los residentes somos sospechosos de estar ilegalmente en este país», dijo sobre el número de latinos y afroamericanos que residen en el estado con casi 30 millones de habitantes.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), que encabeza la demanda contra la ley, también emitió una lista que explica las implicaciones de la ley y cuáles son los derechos que tienen las personas en EE.UU. que enfrentan un arresto.
La lista incluye derechos como el de guardar silencio y el derecho a ser representado por un abogado.
También subrayaron que nunca se debe presentar a un policía un documento falso ni mentirle a las autoridades, advirtió ACLU, que aclaró que la información no representa un consejo legal.
Adriana Piñón, directora legal de la ACLU de Texas, dijo en un comunicado que «la SB 4 amenaza nuestros derechos civiles y humanos más básicos como ciudadanos y no ciudadanos por igual» y recomendó a cualquier persona amenazada por la ley, incluidas las personas que temen la discriminación racial, que «recuerden sus derechos».
Por su parte, Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR), resaltó que por varios meses los activistas han preparado a cientos de tejanos para «resistir la implementación» de la SB4.
«Ahora más que nunca, fortaleceremos la educación sobre los derechos humanos y civiles de nuestras comunidades», añadió.
La ley permanecerá en vigencia mientras el Quinto Circuito de Apelaciones escuche los argumentos de los demandantes y del Gobierno de Texas. Una audiencia se ha programado para el próximo 3 de abril en el tribunal de Nueva Orleans sobre el caso.
El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, principal promotor de la medida, dijo hoy que la decisión del Supremo de permitir que entre en vigor la SB4, «es claramente un avance positivo».
Las organizaciones demandantes han prometido seguir con la lucha contra la ley y, si es necesario, llegar al Tribunal Supremo, nuevamente, para que de un veredicto final.
La Casa Blanca también rechazó este martes la entrada en vigencia de la ley. «No solo hará que las comunidades en Texas estén más inseguras, sino que supondrá una carga para las autoridades locales, sembrará el caos y la confusión en nuestra frontera sur», señaló un comunicado, la portavoz del gobierno Biden, Karine Jean-Pierre.
La jueza Sonia Sotomayor, que votó en contra de la ley, advirtió en un escrito que al permitir que la controvertida medida entre en vigor sin antes considerar cuidadosamente su constitucionalidad, el Supremo «invita a más caos y crisis en la aplicación de la ley de inmigración”.
El presidente de LULAC advirtió a los departamentos de policía y alguaciles que «pueden ser demandados» por encarcelamiento falso si detienen erróneamente a personas como parte de la aplicación de la ley.
Se espera que los departamentos de policía de grandes ciudades como Houston y Dallas no se unan a la aplicación de la ley.
