Nueva York, 12 may (ELINFORMADORUSA/EFE). –
Una coalición de defensores públicos, organizaciones de derechos civiles e inmigrantes acudieron este lunes a la corte para sumarse a una demanda que busca frenar el regreso del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en la cárcel municipal de Nueva York, tras un acuerdo del alcalde Eric Adams con la Administración del presidente Donald Trump el pasado febrero.
El documento insta a la Corte Suprema del estado de Nueva York a bloquear la orden, advirtiendo que causaría un daño «inmediato e irreparable» a los inmigrantes encarcelados, sus familias y comunidades en la ciudad, de acuerdo con un documento de la organización de abogados de interés público, Legal Aid.
El regreso de una oficina de ICE en Rikers de donde esta agencia fue expulsada en 2014 luego de que el Concejo de la ciudad aprobara legislación para nombrar a Nueva York como ciudad «refugio» para los inmigrantes, está temporalmente paralizado en lo que se dilucida el caso en su fondo en este tribunal.
El escrito «amigos de la corte» -que permite presentar argumentos sobre un tema que abone al tribunal la toma de decisiones- afirma que la orden ejecutiva 50, que autoriza a ICE a tener una oficina en Rikers, socava «peligrosamente» las leyes de refugio «y facilita la confabulación entre las agencias municipales y las autoridades federales de inmigración», indica el comunicado.
El pasado febrero Adams se reunió con el zar de la frontera Tom Homan y se comprometió a que ICE volvería a Rikers, donde estuvo durante 20 años, hasta el 2014, donde detuvo a inmigrantes e inició su proceso de deportación. Esa decisión fue tan polémica que el propio Consejo (legislativo municipal) la denunció en esta demanda.
La coalición argumenta al tribunal que su reclamo se basa en abundante evidencia -desde abusos pasados por parte de ICE en Rikers hasta el patrón actual de deportaciones masivas inconstitucionales del gobierno federal- para demostrar «el grave riesgo de que se produzcan nuevos daños».
Aseguran que el retorno de ICE le dará al gobierno federal no sólo acceso físico a la cárcel sino también a información sin restricciones sobre las personas bajo la custodia del Departamento de Prisiones, los registros de visitas familiares y la vigilancia telefónica para impulsar las deportaciones, particularmente de jóvenes latinos y sobrevivientes de traumas que pueden calificar para recibir alivio migratorio.
«La orden ejecutiva 50 es una clara violación de las protecciones de santuario de la ciudad e invita a una nueva era de discriminación racial, deportaciones injustas y violaciones constitucionales en Rikers Island», afirmó la directora de Litigios Especiales de Legal Aid, Meghna Philip.
