El Paso, Texas. —
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (Immigration and Customs Enforcement, ICE) admitió que la muerte de un inmigrante bajo su custodia estuvo relacionada con un “uso de fuerza espontáneo”, según un documento oficial difundido recientemente por la propia agencia.
El caso corresponde a Geraldo Lunas Campos, de 55 años, quien falleció en enero en el centro de detención privado Camp East Montana, ubicado dentro de la base militar Fort Bliss, en El Paso, Texas.
Inicialmente, el Department of Homeland Security (DHS) informó que la muerte se había producido tras un presunto intento de suicidio. Sin embargo, una autopsia realizada por autoridades del condado clasificó el fallecimiento como homicidio, al determinar que la causa fue asfixia mientras el detenido era físicamente contenido por personal del centro.
En su informe más reciente, ICE señaló que el deceso ocurrió durante un “uso de fuerza espontáneo” aplicado con el objetivo de evitar que el hombre se autolesionara. No obstante, el documento no detalla qué tipo de fuerza se utilizó ni identifica específicamente a los responsables.
El caso ha generado interrogantes luego de que medios de comunicación obtuvieran llamadas al 911 y fotografías que, según reportes, contradicen parcialmente la narrativa inicial. Algunas evidencias apuntarían a que Lunas Campos se encontraba sometido físicamente momentos antes de su muerte.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han manifestado preocupación por la falta de transparencia en el manejo del caso y han solicitado una investigación exhaustiva e independiente.
El centro Camp East Montana es una de las instalaciones de detención migratoria más grandes operadas por contratistas privados para ICE. El personal encargado de la seguridad está compuesto principalmente por guardias contratados, no por agentes federales regulares.
Este incidente se suma a otros fallecimientos ocurridos en centros de detención migratoria en los últimos meses, lo que ha intensificado el debate sobre las condiciones de reclusión y el uso de la fuerza en instalaciones bajo supervisión federal.
Las autoridades indicaron que la investigación continúa en curso.
