De izquierda a derecha Hillary Scholten de Michigan Immigrant Rights Center Y Elvira Hernández de ACLU en exclusiva para El Informador dieron a conocer avances sobre el caso del capitán VanderKooi. (Foto: Luis Molina/ El Informador)
Por Héctor Loya/ El Informador
GRAND RAPIDS, MI.- En una entrevista exclusiva para El Informador las abogadas Elvira Hernández de ACLU y Hillary Scholten de Michigan Immigrant Rights Center dieron a conocer avances sobre el caso del capitán VanderKooi, el cual luego de un juicio de apelación se determinó que el haber sido exonerado de culpa y haber sido reincorporado al servicio por el GRPD fue una decisión precipitada ya que el actuar del oficial al denunciar a Jilmar Ramos Gómez, un veterano de guerra, con los agentes de ICE solo por su aspecto físico y su apariencia latina, había sido discriminación de carácter racial.
Para las abogadas la investigación realizada por el departamento de policía no tiene fundamento ya que declaran que ningún oficial por ningún motivo debe valerse de la raza, color de piel o su origen nacional para ser investigado o aprehendido, un oficial no podrá valerse de esto para realizar una denuncia esto es violar la política policial imparcial.
La junta de apelaciones tuvo un veredicto final, en el cual con una votación de 6 a 2 se estipuló que el capitán VanderKooi si había cometido discriminación racial y había violado la política policial imparcial, por tal motivo el castigo y el destino del capitán del GRPD quedaría en las manos del administrador de la ciudad Mark Washington quien dependiendo de su criterio podría despedirlo, ofrecerle un cambio de actividad o ponerlo en licencia sin goce de sueldo, entre otros castigos aplicables para el oficial.
Las abogadas creen que este juicio es una victoria y que este caso marca historia ya que en pocas veces se revoca una decisión ya establecida como el caso de la exoneración del oficial, también consideran que el administrador de la ciudad debe ser muy prudente al establecer el castigo con el que se habrá de sancionar al oficial.
Con este caso creen que el departamento de policía habrá de tener más cuidado referente a sus políticas y la manera en que los oficiales manejan sus protocolos, ya que la lupa estará sobre ellos.
Para ellas la situación se torna complicada por una sociedad dividida que defiende a dos posturas una defendiendo la causa de Jilmar y otros la causa de VanderKooi, principalmente la policía quien ha tachado de injusta esta medida.
Las abogadas cerraron su participación diciendo que dejaban la decisión en manos de Mark Washington administrador de la ciudad con la convicción y la creencia de que él sabrá tomar la mejor decisión que beneficie a todos.
