Washington, 22 abr (ELINFORMADORUSA/EFE News).-
l Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha confirmado 220 casos de contagio de COVID-19 entre los migrantes detenidos en diversos centros de detención y otros 116 entre sus propios empleados.
El informe de ICE dio cuenta de 45 casos confirmados de COVID-19 en tan solo un centro de detención, la Instalación Federal Buffalo en Batavia (Nueva York), y de 36 casos en siete centros de detención en Luisiana.
Treinta casos se han confirmado en cuatro centros de detención en Texas, otros 25 en cuatro centros en Nueva Jersey, 22 casos en dos centros en Arizona, 20 en un centro en California, 12 en dos centros de detención en Pensilvania, y 10 casos en dos centros ubicados en Georgia, aunque en este último caso Core Civic, la empresa que maneja la prisión, dio cuenta de 33 contagios.
La lista la completan ocho casos de COVID-19 entre detenidos en un centro en Mississippi, seis en un centro de Illinois, tres casos en un centro ubicado en Michigan, dos casos en una instalación en Florida, y un caso en Nuevo México.
ICE indicó que se han confirmado casos de contagio del coronavirus entre 30 empleados que trabajaban en sus centros de detención y otros 86 empleados no asignados a esas instalaciones.
El gobierno del presidente Donald Trump tiene casi 30.000 personas detenidas en centros para indocumentados a la espera de que se completen los trámites y audiencias para la deportación, o para la obtención de algún documento de permanencia legal en el país.
Más de 1.000 líderes y 250 organizaciones religiosas pidieron este lunes al gobierno el cese de las deportaciones, la liberación de inmigrantes detenidos y la protección de «todos los que necesiten asistencia» en medio de la pandemia del COVID-19.
Abogados y grupos que defienden a los migrantes han expresado su preocupación por el hacinamiento en los centros de detención, que hace imposible la distancia entre las personas recomendada por las autoridades sanitarias para prevenir el contagio del coronavirus.
Asimismo, dirigentes religiosos, abogados, activistas y miembros del Congreso han pedido la liberación de esos detenidos que, en su gran mayoría, no han sido condenados por delito alguno y bien pueden esperar fuera de la detención, con sus familias o quienes les den amparo, las audiencias de sus casos.
