Los Ángeles (EFE)
El anuncio del secretario estadounidense de Justicia, Merrick Garland, que permite nuevamente a los jueces de inmigración cerrar temporalmente los casos de remoción ha devuelto las esperanza a muchos indocumentados; sin embargo, abogados advierten sobre la necesidad de que los inmigrantes evalúen los pasos que se deben tomar en cada caso. La reciente decisión de Garland eliminó una política del Gobierno del ahora expresidente Donald Trump (2017-2021) que prohibía desde 2018 a los jueces de inmigración cerrar de forma administrativa los casos, incluso si el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) estaba en contra de la decisión del juez.
La medida, que hace parte del plan del presidente Joe Biden para deshacer las restricciones migratorias de su antecesor, ahorrará tiempo valioso a los jueces de inmigración y ayudará a desatascar la acumulación de casos de más de 1,3 millones de inmigrantes que esperan que un juez los escuche, destacó en un comunicado el presidente electo de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), Jeremy McKinney.
MILES DE FAVORECIDOS
En este sentido, la abogada de inmigración Lizbeth Mateo dijo a Efe que decenas de los casos que ella tiene en este momento en corte se podrían favorecer de esta medida. “Al menos tres de mis clientes que tienen audiencia esta semana podrían pedir esta consideración del juez”, expuso. Sin embargo, Mateo advierte que el cierre administrativo es un tema que debe discutir con sus clientes, y explorar las vías que se tienen. Añade que esta decisión está enteramente en manos del juez que esté escuchando el caso. “Incluso si el fiscal del ICE está de acuerdo con cerrar administrativamente, el juez puede dar una negativa y querer continuar con el proceso”, señaló.
¿CERRAR O TERMINAR EL CASO?
Pero antes de aventurarse a dar este paso, Mateo advierte que tanto clientes como abogados deben evaluar si quieren solicitar cerrar o terminar el caso. Al respecto, el abogado de inmigración Fernando Romo, asesor legal de la Asociación de Salvadoreños en Los Ángeles (ASOSAL), advirtió a Efe que al “cerrar” el proceso de remoción de forma administrativa el caso queda “congelado” temporalmente.
“La persona siempre corre el riesgo de que el Gobierno pueda reabrir el proceso en el futuro y reiniciar el proceso de deportación”, explicó. Mientras, al “terminar” el caso de remoción ante la corte de inmigración, el documento acusatorio por parte del Gobierno federal queda anulado. “El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) le está diciendo a la corte de inmigración que está cancelando el proceso de remoción en contra de esa persona”, abundó el jurista.
En su propio caso, Mateo, que hizo parte del grupo de soñadores los “Dreamers” que salió sin permiso del país y regresó por la frontera en 2013, dice que apostaría por pedir que se termine el proceso de remoción que existe contra ella. “Al terminar el caso, el Gobierno federal debe volver a comenzar todo el proceso de remoción desde cero”, señaló la abogada, nacida en México, que se convirtió en blanco del ICE durante el Gobierno de Trump.
Sin embargo, Mateo y Romo coinciden en que no siempre terminar un caso le conviene a un inmigrante, especialmente aquellos que tienen un permiso de trabajo mientras su caso está en corte. La decisión de terminar el caso elimina la posibilidad de renovar estos permisos. Por eso la recomendación de ambos abogados para los inmigrantes es considerar todos los caminos, especialmente para aquellos con peticiones pendientes ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
Por su parte, Kate Melloy Goettel, directora legal de litigios del American Immigration Council (AIC), detalló en un comunicado que la nueva medida de Garland tendrá un impacto profundo en los inmigrantes, y favorecerá a aquellos que buscan “deshacer condenas penales” que los mantienen al borde de la deportación o no les permiten legalizarse.
