Por Edgar Castro/El Informador
DETROIT, MI (ELINF).-
a Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Michigan (ACLU) y el Centro de Derechos de Inmigrantes de Michigan (MIRC) expresaron sus felicitaciones a la gobernadora Gretchen Whitmer por bloquear una partida de presupuesto estatal propuesta que pone en peligro la seguridad pública al castigar a los condados que no se comunican o cooperan con el gobierno federal.
De acuerdo a ambos organismos, la aplicación de esta propuesta en materia migratoria va más allá de lo que actualmente exige la ley. Específicamente, el Proyecto de Ley 4231 de la Cámara de Representantes, Sección 414 (7), condiciona el reembolso a la cárcel a través del presupuesto del Departamento de Correcciones de Michigan al obligar a los funcionarios locales a tomar decisiones que no protejan mejor a las comunidades a las que sirven. Destacaron que este proyecto de Ley podría resultar en que los funcionarios locales detengan a los inmigrantes para las autoridades federales sin órdenes judiciales, lo cual es ilegal, expone a los municipios locales a responsabilidad financiera, y disminuye los beneficios comprobados de las políticas locales actuales que protegen a los inmigrantes y apoyan la seguridad pública.
«Felicitamos al gobernador por defender nuestros valores compartidos de crear comunidades acogedoras y seguras para todos», señaló Dave Noble, director ejecutivo de la ACLU de Michigan. “El proyecto de ley propuesto, de haberse promulgado, habría erosionado la confianza entre la policía y las comunidades de inmigrantes. Hubiera provocado que quienes necesiten de asistencia policial duden en buscar esa ayuda por temor a que ellos o sus seres queridos pudieran ser detenidos o deportados”, agregó.
«La aprobación de leyes como HB 4231 interrumpe la relación entre la policía y las comunidades a las que sirven, y haría que los residentes de Michigan estuvieran menos seguros», destacó Susan Reed, abogada gerente del MIRC. «El estado debe proteger y garantizar la seguridad pública para todos, no proporcionar incentivos para identificar racialmente y separar a las familias inmigrantes», concluyó.
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