San Diego (CA), 15 feb (ELINFORMADORUSA/EFEUSA).- Grupos defensores de derechos humanos presentaron una demanda al Gobierno por implementar una política que devuelve a inmigrantes centroamericanos a México mientras se resuelven sus solicitudes de asilo.
El litigio, entablado en una corte del norte de California por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Centro Legal para la Pobreza Sureña (SPLC), señala a la Administración federal al enviar a migrantes de vuelta a regiones con «altos niveles de violencia».
También la demanda señala la «violación de protecciones humanitarias a los que tienen derecho bajo la ley internacional y de Estados Unidos».
«Al ponerlos en tal peligro, y bajo condiciones que hacen difícil si no es que imposible que ellos preparen sus casos, (se les está) privando de una oportunidad significativa de buscar asilo», señalan los demandantes.
Bajo el denominado Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), el Gobierno ha regresado desde hace dos semanas a decenas de inmigrantes que solicitan asilo político en la garita de San Ysidro, entre California y Tijuana (México).
En la demanda federal, interpuesta a nombre de una docena de inmigrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador que esperan ahora en Tijuana, la ACLU reitera que debido a la nueva política se obstaculiza la posibilidad de que obtengan la asesoría legal adecuada.
Dentro del proceso actual, los inmigrantes son llamados al puerto de entrada y una vez que su solicitud es recibida -en un lapso entre 24 y 48 horas- son devueltos a México con una fecha para regresar, con la intención de ir a corte, aunque el aviso podría extenderse por semanas o incluso meses.
Si bien en un inicio se dijo que este programa piloto abarcaría únicamente a inmigrantes centroamericanos que cumplieran con ciertos requisitos, tales como ser adultos, carecer de historial criminal o problemas de salud, más tarde la Administración informó que incluiría a familias en su intento por no separarlas.
Autoridades mexicanas notificaron que ayer se dio por primera vez la devolución de un grupo de madres y sus hijos, según información difundida por el periódico San Diego Union-Tribune.
El gobierno de Trump, también ha insinuado que el programa se extenderá a otros puertos de entrada a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos.
El año pasado, ACLU recurrió a los tribunales para frenar la práctica de separación de familias en la frontera, originada por la política de «cero tolerancia» contra la inmigración irregular.
Como resultado, un juez obligó la reunificación de las familias.
