Chicago (IL), 7 jul (ELINFORMADORUSA/EFE News).-
Un despliegue de 1.200 policías adicionales para el fin de semana largo por el 4 de julio y ni así Chicago pudo contener otro episodio de violencia callejera, que en esta ocasión se cobró la vida de 17 personas, incluidos dos niños, y Trump se apresuró a señalar al estatus de ciudad santuario como el motivo.
Este lunes activistas y líderes religiosos advirtieron que Chicago vive otro tipo de pandemia, en referencia al tercer fin de semana consecutivo de violencia que sufrió la ciudad y que además de los 17 fallecidos dejó 80 heridos.
Según informó la Policía, los dos menores abatidos eran afroamericanos, de 7 y 14 años, quienes fueron alcanzados por los disparos realizados a mansalva por presuntos pandilleros, que volvieron a sembrar el terror a pesar del refuerzo de vigilancia en las calles.
Para el presidente Donald Trump, un duro crítico de la violencia en Chicago, este estallido es culpa del estatus de santuario que tiene la ciudad, en virtud del cual la Policía no colabora con los oficiales federales de Inmigración para detener a indocumentados.
En un mensaje en su cuenta de Twitter, el mandatario dijo este lunes que Chicago (y la ciudad de Nueva York, donde hubo 8 muertos) «juegan la carta de ciudad santuario, donde se protege a los criminales». «Tal vez tengan que comenzar a cambiar su forma de actuar (y de pensar)», agregó.
Para las autoridades de la urbe de Illinois, no existan conexiones entre la violencia pandillera y los «sin papeles».
La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, lamentó la violencia y que las esperanzas y sueños de otros niños «hayan sido tronchados por el cañón de un arma».
«Tenemos que preguntarnos si esto es lo que somos como ciudad», agregó.
Por su parte, el nuevo superintendente de Policía, David Brown, que asumió el mes pasado, admitió hoy que el despliegue de 1.200 agentes extras en las calles no dio los resultados esperados, pero prometió mantener la presión hasta «detener esta violencia».
Brown, que reclamó sentencias más duras y extensas para los responsables, dijo que hay que «mantener más tiempo en la cárcel a los culpables de ofensas violentas».
FIN DE SEMANA SANGRIENTO La menor de siete años Natalia Wallace, que visitaba el domingo a su abuela en el barrio Austin, en el oeste de la ciudad, cayó muerta bajo una lluvia de balas disparadas por tres sospechosos que descendieron de un vehículo y apuntaron en su dirección.
La Policía informó que detuvo a una persona a la que hoy previsiblemente se le presentarán cargos.
El otro niño muerto, Varnado Jones, de 14 años, fue abatido la noche del sábado en el vecindario de Englewood, donde cuatro enmascarados abrieron fuego contra un grupo que estaba en la calle lanzando fuegos artificiales con motivo del 4 de julio.
En el suceso también murió una mujer de 20 años y resultaron heridas seis personas, incluidos dos menores de 11 y 15 años de edad.
«No podemos permitir que esto se convierta en algo normal en la ciudad», se lamentó el superintendente Brown. «No podemos acostumbrarnos a las muertes de niños todos los fines de semana», agregó.
Este fue el tercer fin de semana consecutivo en el que se registraron muertes violentas de niños en las calles debido a la acción pandillera. Según estadísticas oficiales, desde el pasado 20 de junio murieron en tiroteos diez menores de 18 años.
Este fin de semana fue más sangriento que el 4 de julio del año pasado, cuando se contabilizaron 5 muertos y 65 heridos. En 2018 se registraron 14 muertos y 87 heridos.
AUSENCIA DE MANO DURA Algunos activistas culpan a la alcaldesa por falta de mano dura contra los grupos violentos.
En el barrio mexicano La Villita, el activista Raúl Montes Jr. dijo en conferencia de prensa que lo sucedido fue «una copia» de las últimas semanas, y culpó a Lightfoot por permitir que las protestas recientes contra la violencia policial se convirtieran en saqueos e incendios.
Otro activista, Frank Coconate, dijo que el combate a la violencia no se hace solamente con más policías en las calles. «También tiene que haber cooperación, necesitamos acercar a la comunidad con la policía», agregó.
En su opinión, los habitantes de barrios hispanos como Pilsen y La Villita «no tienen ningún vínculo con la policía. Tienen miedo de hablar con los uniformados y eso es un grave problema».
