Los Ángeles, 10 jun (ELINFORMADORUSA/EFE News).-
a ciudad californiana de Corona acordó pagar 35.000 dólares a un inmigrante mexicano que fue deportado después de que policías de esa localidad violaran las leyes santuario del estado al entregar al indocumentado a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), informó este martes la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
El acuerdo se dio en el caso de Daniel Valenzuela, quien fue detenido en una parada de tráfico por la policía de Corona el 31 de enero de 2019.
De acuerdo a la queja legal presentada por ACLU en junio de 2019, el inmigrante mexicano conducía de regreso a su casa cuando fue obligado a parar por supuestamente ir a exceso de velocidad. Sin embargo, la policía no le expidió ninguna multa y en lugar de dejarlo marchar le hicieron una serie de preguntas sobre su estado migratorio.
De acuerdo al reporte policial del caso, el agente le pidió la licencia de conducir a Valenzuela, quien presentó un permiso expedido en Baja California (México).
La abogada de ACLU Eva Bitrán aseguró que el agente de policía indagó sobre el estatus migratorio del inmigrante mexicano, acción que viola la Ley SB 54, que impide a los agentes locales cuestionar la situación migratoria de un detenido.
La queja legal advertía que pesar de que Valenzuela pidió que se le impusiera la multa de tráfico y lo dejaran ir, los agentes lo mantuvieron retenido sin causa alguna, lo que quebranta la Cuarta Enmienda de la Constitución.
ACLU advirtió que la detención también violó el debido proceso de Valenzuela y otros derechos constitucionales.
«Este acuerdo muestra que responsabilizaremos a las agencias de aplicación de la ley si no cumplen con la Ley de Valores de California y la Constitución», dijo Bitrán en un comunicado.
“Todos estamos más seguros cuando los departamentos de policía permanecen fuera del asunto de la aplicación de la ley de inmigración. Nadie en este país, independientemente de su raza, origen nacional, idioma o estado migratorio, puede ser detenido o arrestado sin causa”, agregó la abogada.
Valenzuela, que está casado y tiene tres hijas, ingresó a Estados Unidos utilizando una visa B2 de turismo de múltiples entradas.
El inmigrante aceptó la salida voluntaria y fue enviado a México.
En su comunicado ACLU advirtió que aunque no es una parte formal del acuerdo, el Departamento de Policía de Corona implementó dos cambios relacionados con sus políticas de detención tras el caso de Valenzuela.
El Departamento emitió un memorando a todos los miembros del personal requiriéndoles hablar con los supervisores antes de contactar a las autoridades de inmigración.
También se realizó una nueva capacitación a los oficiales para asegurarse de que sepan que está permitido conducir con una licencia extranjera, y que es inapropiado que los oficiales se comuniquen con las autoridades de inmigración para preguntar sobre el estado de inmigración de un conductor.
