Washington, 22 oct (ELINFORMADORUSA/EFE News).-
La cifra de migrantes indocumentados que cruzan la frontera sur de Estados Unidos está aumentando nuevamente y, si la tendencia continúa, este octubre podría ser uno de los meses con más ingresos ilegales en mucho tiempo, afirmó este jueves el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf.
En un discurso ante la Asociación de Jefes de Policía de Arizona, sostuvo que la única razón por la cual los cruces no han alcanzado un nivel de crisis son las políticas y procedimientos que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha puesto en práctica en los últimos cuatro años».
«Si estas herramientas críticas se anulan o contrarían entonces el Departamento, y ustedes, nuestros colaboradores en la frontera, estarán en peligro de otra crisis migratoria», añadió.
La semana pasada el director interino de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Mark Morgan, informó que la captura de inmigrantes indocumentados en la frontera sur disminuyó 53 % durante el periodo fiscal 2020 en comparación con el año anterior.
En el período fiscal que concluyó el 30 de septiembre las autoridades migratorias detuvieron por entrar ilegalmente al país o devolvieron a México por ser inadmisibles a 458.088 personas, frente a las 977.509 del año fiscal 2019, informó la agencia.
Sin embargo, el informe mostró que en septiembre pasado las autoridades fronterizas capturaron o consideraron inadmisibles a 57.674 personas, la cifra mensual más alta para ese mes desde 2012.
Los 977.509 detenidos o rechazados en los puestos fronterizos en 2019 supusieron una cifra récord, que casi duplicó la de la media de los años anteriores, por lo que la cifra de este pasado año fiscal está más en la línea de los de 2018 (521.090) y 2017 (415.517).
«Los expertos en inmigración pronostican que un número creciente de extranjeros llegará a nuestras fronteras en el futuro cercano debido a la devastación que la pandemia de covid-19 ha causado en América Latina», aseveró Wolf.
Mencionó la cooperación del DHS con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), por la cual las autoridades en la frontera detienen y retornan a México a los migrantes que, a criterio de los funcionarios locales, muestren indicios de la covid-19.
«CBP está devolviendo a México, en el curso de dos horas, al 90 % de los individuos que, de otra forma, quedarían bajo custodia de la Patrulla Fronteriza. Las medidas preventivas del Gobierno han protegido a los empleados en la frontera, a los individuos bajo nuestra custodia y a la ciudadanía estadounidense», señaló Wolf.
También se refirió al Protocolo de Protección de Migrantes (MPP), una política unilateral que el Gobierno del presidente Donald Trump empezó a aplicar a comienzos de 2018 y por la cual son devueltas a México y América Central las personas que llegan a la frontera y se presentan a las autoridades pidiendo asilo.
«Bajo este proceso más de 65.000 extranjeros han sido devueltos a México mientras duran sus trámites de inmigración. Esto promueve un proceso más seguro y ordenado a lo largo de la frontera suroeste, y desalienta a los individuos de hacer pedidos de asilo que no tienen mérito», señaló.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), otra agencia que depende del DHS, ha procesado casi 19.000 pedidos de asilo dentro de este programa, informó Wolf.
«Los tribunales de inmigración han completado 67 % de los casos bajo el MPP y se ha otorgado alguna forma de amparo a más de 520 personas», agregó Wolf, quien dio detalles de las investigaciones de CBP y el Servicio de Inmigración y Aduanas ( ICE) sobre la identidad de adultos que llegan con menores de edad y los declaran como sus familiares.
Las investigaciones, según Wolf, han identificado «238 familias fraudulentas», el uso de 329 documentos falsos, más de 350 individuos procesados a nivel federal por crímenes varios, incluido el contrabando humano, y 50 individuos que declararon, de manera fraudulenta, que eran menores no acompañados por adultos.
Asimismo, indicó que se ha completado la construcción de nuevas vallas a lo lago de unos 640 kilómetros de la frontera sur y está en marcha la obra en otros 350 kilómetros.
Desde su campaña presidencial en 2016 el ahora presidente Trump prometió que construiría una muralla a lo largo de los 3.200 kilómetros de la frontera con México y que ese país pagaría la obra. En ausencia del pago mexicano, Trump ha utilizado en la reparación o extensión de vallas existentes fondos que el Congreso aprobó para gastos militares.
