Los Ángeles, 11 abr (ELINFORMADORUSA/EFEUSA).- Además de enfrentar al Gobierno de Donald Trump para defender la ley que declara a California santuario de inmigrantes, las autoridades estatales tienen que enfrentar ahora la rebelión de varias ciudades que decidieron unirse al presidente y demandar al estado.
Los llamados de insurrección en contra del «Acta de Valores» de California como es conocida la ley SB 54 que limita la cooperación entre las autoridades locales y los agentes de inmigración se ha extendido por pequeñas ciudades del sur de California en las últimas semanas.
«Esto no nos tomó por sorpresa, era de esperarse, California aún tiene problemas con la supremacía blanca que quiere regresar el estado al siglo pasado», dijo a Efe Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros, una de las organizaciones que hizo campaña a favor de la SB 54.
Los concejos de las ciudades de Orange y Newport Beach evaluarán hoy la idea de unirse al ataque del Fiscal General Jeff Sessions contra la ley santuario. Mañana, miércoles, los concejales de Westminster tienen en su agenda la misma tarea.
La rebelión comenzó el pasado 19 de marzo cuando cuatro concejales de Los Alamitos, la segunda ciudad más pequeña del estado, votaron a favor de excluir a la ciudad de aplicar la ley.
Aunque la decisión debe ser ratificada de aquí al 16 de abril, la iniciativa fue seguida rápidamente por otras localidades como Aliso Viejo, Fountain Valley, Huntington Beach, Mission Viejo, San Juan Capistrano, West Covina y Fullerton.
La mayoría de esas ciudades pertenece al Condado de Orange, uno de los bastiones republicanos de California.
La Junta de Supervisores de este condado no tardó en unirse a los pedidos de desacato y unirse a la demanda que la Administración Trump entabló contra el estado a principios de marzo.
Alvarado recalca que tanto las ciudades como los condados que se han puesto del lado de Trump y Sessions tienen mayoría blanca.
Según datos del Censo, en 2016 el 72,6 % de los habitantes del Condado de Orange se consideraba blanco y un 41,1% de los más de tres millones de habitantes eran anglosajones.
«Su meta es mantener la mayoría blanca y los inmigrantes serían el enemigo, el mismo discurso de Trump», recalca Alvarado.
La insurrección de estas ciudades contra el estado está cuesta arriba. El fiscal Xavier Becerra advirtió que California seguirá defendiendo la aplicación del «Acta de Valores» tanto contra el gobierno federal como con las ciudades.
En la cruzada de defensa Becerra no está solo, activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ya se alistan para dar la batalla legal contra ciudades como Alamitos.
Sameer Ahmed, abogado de ACLU, dijo a Efe que si Los Alamitos hace una aprobación definitiva, presentará una querella legal contra la ciudad.
Los argumentos legales contra la rebelión de la ciudad existen, ya que la Constitución de California prohíbe expresamente que las ciudades renuncien a la aplicación de una ley, explicó Ahmed.
Ciudades como Escondido, ubicada a 50 millas de la frontera de California con México, son más conscientes de sus limitaciones.
Michael McGuinness, el abogado de esta ciudad advirtió a los concejales y a los residentes que pidieron unirse a la rebelión que «lo único viable era respaldar la demanda del fiscal Jeff Sesions».
El enfrentamiento que se da en las cortes promete llegar a las calles. Defensores de los derechos de los inmigrantes se manifestaron el lunes en Los Alamitos en contra de la decisión del Concejo.
La protesta es una antesala para el llamado que se está haciendo para el próximo 16 de abril.
«Vamos a ir a apoyar a esa pequeña parte de la ciudad que no es blanca, esperamos que nuestra gente llegue», indicó Alvarado.
Los activistas pro inmigrantes quieren seguir la misma estrategia que seguidores de Trump, como Arthur Christopher Schafer y Harim Uzziel, han aplicado en el ultimo año.
El dúo de seguidores del presidente ha participado en la mayoría de convocatorias publicas de ciudades de los condados de Los Ángeles, Orange, San Bernardino y Riverside que evaluaron rechazar la aplicación de la SB 54.
El periódico Los Angeles Times reportó que Schaper un residente de Torrance era desempleado, fue expulsado del Partido Republicano y recibe fondos de la organización Mass Resistance para desarrollar su labor.
Uzziel, que es hijo de mexicanos y habla español, es otra de las caras conocidas que ha llegado a apoyar las políticas antiinmigrantes.
El hispano, que utiliza un seudónimo, aseguró a Efe «que está desarrollando la labor de un patriota y que deberían deportar a todos los ilegales»
Alvarado asegura que los fondos económicos para respaldar estas protestas viene de fuera del estado. Efe trató de contactar a Schaper pero no recibió contestación.
En este panorama activistas que impulsaron la ley que convierte a California en santuario aseguran que la única forma de apoyar a Becerra en su lucha es saliendo a apoyar el movimiento.
«Esto no lo podemos hacer solo los activistas, necesitamos a los residentes para que participen, incluso los indocumentados deben salir a reclamar sus derechos» sentenció.
