México, 5 jul (EFE/ELINFORMADORUSA).- Activistas de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem) denunciaron hoy el aumento de deportaciones en México y el abuso por parte de agentes estatales contra los migrantes.
El informe «Migrantes en México: Recorriendo un camino de violencia», presentado hoy en Ciudad de México, señaló que de enero de 2014 a diciembre de 2016 el Instituto Nacional de Migración (INM) deportó a 421.395 migrantes centroamericanos, casi el doble que de 2011 a 2013, cuando la cifra fue 213.636.
El documento reveló que de las 32.324 personas registradas por Redodem, un total de 5.329 reportaron 5.298 eventos delictivos en 2016, incluyendo 4.341 robos, 215 lesiones, 166 extorsiones, 141 secuestros y 76 abusos de autoridad.
Entre los países de los que provienen los migrantes destacan Honduras (58,57 %), El Salvador (17,60 %), y Guatemala (12,84%), mientras los principales países de destino son Estados Unidos (64,68 %) y el propio México (13,67 %).
Las entidades federativas donde más delitos se reportaron en contra de los migrante son Chiapas (sureste), con un total de 1.479 incidentes; Oaxaca (sur), con 1.153; Veracruz (oriente), que llegó a 880 eventos delictivos, y Tabasco (sureste), con 397.
Los delitos sexuales representan menos de 1 % de las infracciones reportadas, refirió en rueda de prensa Elisabeth Figueroa, integrante de Redodem, quien señaló que esta proporción no se debe a que no se cometan este tipo de crímenes, sino a que son delitos que no se denuncian a causa «de este contexto de impunidad y la falta de confianza en las autoridades de México».
El quinto estado donde se reportaron más delitos, un total de 265, fue Guanajuato (centro), lo que indica que la violencia contra los migrantes no solamente se reporta en las entidades cercanas a las fronteras con Centroamérica o Estados Unidos.
Los migrantes que fueron víctimas o testigos de la comisión de algún delito denunciaron que las personas agresoras fueron miembros de pandillas (1.597), agentes del Estado (921), el crimen organizado (608) y personal de seguridad privada de los trenes que usan los migrantes para cruzar el país (321).
Los delitos perpetrados por agentes del Estado incluyen 201 cometidos por miembros de la Policía Federal, 196 por policías municipales, 112 por agentes del INM, 94 por policías estatales, 20 por personal de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), 12 por miembros del Ejército y siete por efectivos de la Marina.
Según datos recogidos en encuestas realizadas por Redodem a migrantes, un total de 1.688 delitos fueron perpetrados por particulares (una o dos personas), precisó a Efe el portavoz del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Conrado Zepeda.
«En ocasiones no se sabe quién ha cometido el delito, ya que puede ser el crimen organizado vestido de policía o un policía vestido de civil. Los grupos de una, dos o tres personas son pandillas, que dependiendo de la región del país son mucho más violentas», precisó.
Zepeda denunció que algunos son miembros las maras de Centroamérica o particulares que se aprovechan de los migrantes, sobre todo en sitios poco vigilados como el tramo de la localidad de El Ceibo, en la frontera con Guatemala, a Tenosique (ambas en el estado de Tabasco), trayecto de 60 kilómetros en el que, lamentó, hay navajazos, balazos y atracos.
En el caso de los abusos cometidos por el INM, Zepeda afirmó que la violencia de algunos agentes «no solo es física, sino también psíquica, emocional», y subrayó que en los puestos de control migratorio algunos agentes cobran entre 500 y 1.000 pesos mexicanos (entre 27,49 y 54,98 dólares) a los migrantes para dejarlos pasar.
Por otro lado, solo 35,5 % de los 12.951 solicitantes de asilo entre 2015 y 2016 fueron reconocidos como refugiados o se les otorgó protección complementaria.
