«Todos los residentes de Grand Rapids tienen el derecho de estar en espacios públicos. Esto incluye a gente que no tiene un hogar a donde ir» Dayja Tillman, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles.
Por Joel Morales/Grand Rapids, MI
La situación con el asunto de los desalojados en la Ciudad de Grand Rapids continúa, y parece no haber una solución real en el horizonte.
En diciembre del año pasado, la Cámara de Comercio del área de Grand Rapids y varios negocios le pidieron a la ciudad que encontrara una solución a la conducta de los desalojados haciendo unas sugerencias, pero la comisión rehusó añadir nuevas reglas.
Ahora, la ciudad está proponiendo unos cambios a sus ordenanzas, con el objetivo de manejar el comportamiento de las personas sin techo. Esto fue después de recibir unas quejas de varios negocios de que unos indigentes estaban acosando a su clientela, había pleitos frente a sus negocios, robos y conducta agresiva por los mismos.
Los propuestos cambios incluyen, entre otros, prohibir que personas se paren en las entradas de los lugares de comercio, si interfiere con la función de una puerta, prohibir el acoso de una persona intentando usar un cajero automático o al lado de un vehículo, y prohibir el hostigamiento en el área de un comedor al aire libre o evento especial.
La ciudad dice que es necesario que se haga algo al respeto, sin embargo, las sugerencias han sido criticadas por algunos que las ven como una forma de criminalizar a las personas que no tienen vivienda.
Los desalojados encontraron un aliado en la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU sus siglas en inglés) que envió una carta a la ciudad que decía en parte:
«Todos los residentes de Grand Rapids tienen el derecho de estar en espacios públicos. Esto incluye a gente que no tiene un hogar a donde ir. Necesitamos enfocarnos en soluciones que examinen el desamparo, no criminalizarlo. Las recién propuestas de la ciudad exacerbaran los desafíos enfrentando a los residentes sin casa, reduciendo los espacios limitados en donde pueden existir y privándolos de sus mínimas posesiones, no es simplemente que estas leyes podrían ser aplicadas injustamente, pero que su existencia podría impedir la expresión y comportamiento constitucionalmente protegido…» escribió Dayja Tillman abogada del ACLU.
El martes 11 de julio y durante una reunión de la Comisión de la Ciudad de Grand Rapids, la cual estuvo máxima a capacidad, se presentaron de nuevo los propuestos cambios a las ordenanzas, pero no se llevó a cabo ninguna votación sobre lo mismo. Se espera que la comisión traiga a un voto los propuestos cambios, en el futuro cercano.
Previo a la reunión, El Informador salió a las calles del centro de la ciudad para hablar con los desalojados y preguntarles sobre los propuestos cambios, que incluye confiscar su propiedad personal dejada en un parque por un largo plazo o espacio público, si esto presentará un peligro.
«No es necesario. Entiendo la necesidad que quieran hacer eso porque hay mucha gente malvada que hacen un cochinero y cosas que no deben hacer, pero también hay gente como nosotros que solo queremos estar en paz y que somos humildes, no queremos molestar ni hacerle daño a nadie», dijo Gabriella Ruelas, de 43 años de edad, originaria de Los Angeles, California, quien dijo que lleva unos ochos meses viviendo en las calles por decisión propia.
Añadió que en veces no le quieren ayudar, que le dicen que le van ayudar o que la van a poner en una lista, pero que no le ayudan para nada. Dijo que cuando hacen sus actividades, es para verse bien. Dijo que ella le diría a la ciudad, que lo que necesitan son programas que realmente les ayuden a salir de la situación en la que se encuentran.
También conocimos a Kenneth Seniuk, de 27 años de edad, oriundo de la ciudad de Muskegon quien nos dijo que vivía en una muy peligrosa zona de esa ciudad, y quien ha estado desalojado por aproximadamente cuatro años.
Dijo que vivió con sus padres por un tiempo pero que después se tuvo que salir porque ellos querían su privacidad. Dijo que se queda afuera de los establecimientos, que no pide permiso porque teme que lo corran. Dijo que duerme en una banca afuera de un mercado en el centro de la ciudad y que cada vez en cuando alguien le da un dólar.
«Es muy triste que la ciudad quiera regular la cantidad de posesiones personales que puedas tener contigo (32 galones, tamaño de una bolsa de basura) porque la gente necesita sus cosas. Lo que se necesita es un almacén para los desalojaos donde podríamos guardar nuestras posesiones por la mayoría del día para no estar cargando con ello, y eso también prevendría que nos roben las cosas», agregó.
Continuó diciendo que, si podría hablar con los comisionados, les diría que, si el pudiera tener más oportunidades en la calle, podría mejor reconstruir su vida. Dijo que siente que mucha de la crítica hacia los desalojados se convierte en una relación tóxica con la comunidad.
Mientras hablábamos con Seniuk, Máximo Cervera, de 62 años de edad, de Grand Rapids, quien conoce bien lo que es vivir las calles, ya que pasó casi un año durmiendo en su carro, le regaló una camisa que un día antes acababa de comprar para sí mismo.
«Yo conozco lo que es estar sin techo», dijo Cervera, oriundo del país de Belice. «Fue algo muy duro y yo sufrí mucho», también dijo.
Otro desalojado con quien hablamos en Sheldon Boulevard SE, nos dijo que no existen recursos para todos, lo que resulta en que algunas personas tengan que vivir en la calle. Dijo que no se queda en lugares de amparo porque no los encuentra seguros. Agregó que no ve muchas oportunidades para la gente y que esto ocasiona que se queden estancados.
