Washington, 16 ene (ELINFORMADORUSA/EFE News).-
El Gobierno ejecutó este sábado a Dustin Higgs, el último preso del corredor de la muerte federal que recibirá la inyección letal bajo el mandato del presidente Donald Trump, cuatro días antes de la llegada al poder de Joe Biden, quien ha prometido abolir ese tipo de sentencia.
Higgs fue el decimotercer preso ejecutado a nivel federal en un plazo de seis meses, desde que el Gobierno de Trump reanudara en julio de 2020 las ejecuciones de los reos que estaban en el corredor de la muerte federal.
Ejecutado de madrugada en Terre Haute (Indiana) por el secuestro y asesinato de tres mujeres en 1996, Higgs fue el tercer preso del corredor de la muerte federal que recibe la inyección letal en lo que va de 2021.
Además, las diez ejecuciones completadas a nivel federal en 2020 convirtieron ese año en el que más sentencias federales de pena de muerte se han llevado a cabo en 125 años, desde 1896, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés).
No hay más ejecuciones previstas a nivel federal hasta el próximo miércoles, cuando Biden llegará al poder bajo una fuerte presión de su partido y de grupos contrarios a la pena de muerte para acabar con esa práctica, algo para lo que un grupo de legisladores demócratas presentaron esta semana un proyecto de ley.
UNA PRUEBA PARA BIDEN
Biden ha prometido abolir la pena de muerte por crímenes juzgados a nivel federal y dar incentivos a los estados para que dejen de buscar sentencias capitales para aquellos delitos que se procesan a nivel estatal.
Su primera prueba al respecto podría estar relacionada con el caso de Dzhokhar Tsarnaev, uno de los autores del atentado del maratón de Boston de 2013, puesto que el Departamento de Justicia bajo Donald Trump ha pedido al Tribunal Supremo que restablezca la sentencia de muerte contra ese acusado.
Si el Departamento de Justicia bajo Biden cambia su postura en ese caso y permite que siga en pie la condena a cadena perpetua de Tsarnaev, será una señal temprana de cómo planea abordar el tema el Gobierno del nuevo presidente.
La decisión del exfiscal general nominado por Trump, William Barr, de reanudar las ejecuciones a nivel federal -tras casi dos décadas de pausa- generó polémica en el país, donde la tendencia general en los últimos años había sido la de recurrir cada vez menos a esa sentencia y aplazar el momento de ejecutar las ya emitidas.
Veintidós de los 50 estados han abolido ya la pena de muerte en su territorio, mientras que otros 12 llevan más de diez años sin llevar a cabo una ejecución, según DPIC.
Eso provocó que en 2020 hubiera más ejecuciones a nivel federal que en todos los estados juntos, algo inédito en la historia del país.
EL CASO DE HIGGS
Los abogados de Higgs, el último ejecutado de la Presidencia de Trump, intentaron aplazar la aplicación de su sentencia debido a que el preso había contraído covid-19, pero el Tribunal Supremo permitió finalmente que saliera adelante.
Higgs defendió hasta el final su inocencia en los crímenes de los que se le acusaban, por el secuestro y asesinato de tres mujeres, mientras sus abogados se quejaban de que el hombre que disparó los tiros letales en ese suceso, Willis Haynes, eludió la pena de muerte y fue condenado en cambio a cadena perpetua.
«Quiero decir que soy un hombre inocente. No ordené los asesinatos», dijo Higgs justo antes de recibir la inyección letal, según la cadena CNN.
Su ejecución llegó tres días después de la de Lisa Montgomery, la primera mujer en ser ejecutada a nivel federal en más de seis décadas, algo que llevó a la Unión Europea (UE) a recalcar que la pena de muerte es «incompatible con la dignidad humana y el derecho a la vida».
