Detroit (EE.UU.), 30 abr (ELINFORMADORUSA/EFE).-
Un puente que une Detroit con Windsor (Canadá) se ha convertido en símbolo de la endurecida política migratoria en EE.UU. y en una trampa para los más de 200 migrantes que, desde que Donald Trump retornó al poder en enero, han acabado encarcelados e incluso deportados sin vista judicial tras cruzarlo por error.
El Ambasador Bridge, la principal vía de acceso entre ambas ciudades, viene precedido en el lado estadounidense por un complejo nudo de autopistas en el que es fácil equivocarse y acabar en uno de los carriles que indica «solo para Canadá».
«Desde que existe el Ambassador Bridge la gente ha estado equivocándose y conduciendo por error a Canadá», explica a EFE Ruby Robinson, abogado del Centro de Derechos de los Inmigrantes de Míchigan (MIRC por sus siglas en inglés), un programa de recursos legales sin ánimo de lucro.
Lo normal, cuenta, era que si una persona en situación irregular era interceptada en el puente se la detenía y trasladaba con prontitud al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que programaba entonces una vista en una corte de inmigración e incluso otorgaba la libertad al afectado hasta la fecha de la citación.
Nuevos procedimientos
Pero desde enero, cuando retornó a la presidencia Donald Trump con la promesa de eliminar la inmigración ilegal, la situación ha cambiado y el procedimiento por defecto es «detener a la gente y retenerla largo tiempo en la nave que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) tiene junto al puente en condiciones inaceptables».
Esto incluye a familias con niños pequeños que se han visto obligadas a permanecer ahí durante días, a veces más de una semana, en habitaciones sin ventanas y sin poder contactar a un abogado o a cualquier otra persona en el exterior, detalla Robinson.
Es lo que le sucedió recientemente a una guatemalteca y a su hermano cuando tomaron un giro equivocado hacia Windsor de camino al supermercado. Los dos, sin papeles, estuvieron presos e incomunicados seis días en la oficina del CBP en el puente, junto a los dos hijos de ella, que tienen nacionalidad estadounidense.
Esta situación la han vivido desde enero más de 200 migrantes irregulares, según denunciaron la semana pasada en rueda de prensa el MIRC, la Unión de Libertades Civiles (ACLU) y la congresista demócrata por Míchigan Rashida Tlaib.
Robinson sospecha que los nuevos procedimientos responden al revuelo que han generado en ICE los arrestos masivos de inmigrantes que ha ordenado Trump. Esto se traduce en atascos burocráticos y espacio limitado para recluir a la gente, lo que a su vez motiva que ahora a los detenidos se los traslade de un estado a otro.
«Esto hace que todo sea más difícil y caro en términos de que el detenido pueda tener acceso a abogados o a su familia», apostilla el letrado.
Deportado a El Salvador
Peor aún es el caso de un repartidor venezolano indocumentado detenido en enero en Ambassador Bridge que, sin tener acceso siquiera a un abogado, fue acusado de ser miembro de la banda transnacional Tren de Aragua y deportado de manera de sumaria en marzo a El Salvador, donde se le ingresó en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) junto a decenas de sus compatriotas.
Para llevar a cabo este polémico operativo el propio Trump invocó la ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1897 pensada para tiempos de guerra a la que no se había recurrido en más de 70 años.
«Es preocupante que esto pase: supervisión limitada y gente con poco acceso al debido proceso legal», apunta al respecto Robinson, que pide retornar a una situación en la que «haya transparencia y posibilidad de depurar responsabilidades en términos de detención e inmigración».
En el momento actual, marcado además por el desencuentro diplomático entre Canadá y el EE.UU. de Trump, resulta hasta paradójico que, tres kilómetros más al sur del Ambassador Bridge, vaya a inaugurarse en septiembre un segundo puente transfronterizo, el Gordie Howe.
«Ahora mismo tengo clientes que son ciudadanos estadounidenses que me están diciendo que tienen miedo de viajar fuera de EE.UU.», afirma Robinson, que acusa al actual Gobierno de hacer que la gente, con o sin papeles, esté «viviendo con ansiedad, caos y miedo».
En Mexicantown, el barrio de inmigrantes mexicanos que queda justo al lado del Ambassador Bridge, se percibe estos días algo de ese temor y nerviosismo del que habla el abogado.
Al preguntar en uno de sus restaurantes, tres camareras se miran entre sí con incomodidad y una apunta que ha oído hablar de gente que condujo sin querer al puente acabó deportada. «Pero nosotras no sabemos nada de eso», zanja enseguida otra de ellas.
