Nueva York, 25 jul (ELINFORMADORUSA/EFEUSA).- El repartidor de pizza ecuatoriano Pablo Villavicencio quedó hoy en libertad tras 53 días en un centro de detención de Inmigración, por orden de una corte federal en Nueva York.
«Pablo Villavicencio está libre esta noche», señalaron en un Twiter sus abogados de oficio de la Legal Aid Society, que hoy pidieron su libertad al juez Paul Crotty, durante una audiencia en la corte federal para el distrito sur en Manhattan.
«Finalmente la familia será reunida después de estas horrorosas semanas. Continuaremos apoyándoles para mantenerles juntos», indicó por su parte la organización Se Hace Camino Nueva York que ha brindado el apoyo a la familia y la asistencia legal a través de Legal Aid..
Villavicencio, de 35 años y casado con una estadounidense de origen colombiano con la que tiene dos hijas, no estuvo presente en la abarrotada audiencia, que giró en torno a la jurisdicción de ese tribunal para decidir en este caso o si debería hacerlo una corte de Nueva Jersey, donde estaba detenido.
Crotty ordenó su inmediata libertad y señaló que su deportación ya no es razonablemente previsible.
El magistrado señaló además que el inmigrante puede permanecer en este país mientras ejerce su derecho a completar el proceso para obtener un estatus legal. Vilalvicencio solicitó el pasado febrero la residencia permanente por estar casado con una ciudadana.
Durante la audiencia de hoy sus abogados informaron al juez que Villavicencio recibió una cita para comparecer el 21 de agosto a Inmigración con relación a dicha solicitud.
El ecuatoriano estaba bajo custodia de Inmigración desde que fue arrestado el pasado 1 de junio cuando entregaba una pizza a la base militar Fort Hamilton en esta ciudad.
Crotty escuchó hoy argumentos de la defensa, que pidió además al juez que el caso se mantuviera en Nueva York, donde fue arrestado y vive su familia. También afirmaron que su cliente no representa peligro y que le permitiera regresar a su hogar y así luchar por su caso migratorio.
También escuchó la posición del Departamento de Justicia de EE.UU., de que el proceso contra Villavicencio debía ser en una corte federal del condado de Hudson en Nueva Jersey, donde estuvo hasta hoy, y citó precedentes legales para sostener su posición.
Crotty preguntó al abogado del Gobierno si tienen algún concepto de lo que es justicia y el por qué de la necesidad de deportar a Villavicencio.
El juez preguntó, en dos ocasiones, al fiscal por qué Villavicencio fue detenido, por qué consideran que representa una amenaza para la comunidad si no ha cometido ningún crimen.
El fiscal se limitó a contestar que es común que una persona con orden de deportación sea detenida.
Tras las preguntas del juez se escucharon aplausos en una segunda sala del tribunal desde donde un grupo de periodistas y activistas seguía el juicio por circuito cerrado y llenó de esperanzas a sus abogados y a quienes apoyan al ecuatoriano, cuya detención ha generado protestas en la ciudad.
También tiene la atención de políticos como el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y el presidente del Concejo municipal, Corey Johnson, que han sumado sus voces a las que piden su inmediata excarcelación.
El pasado 9 de junio una jueza de la corte federal de Manhattan detuvo la deportación de Villavicencio, prevista para el día siguiente, pero ordenó que permaneciera bajo custodia de Inmigración hasta tanto se viera su caso en corte, pese a los esfuerzos de su defensa para excarcelarlo.
«El juez entendió que el Gobierno no pudo probar que Pablo no es un peligro, que no se va a escapar, que quiere estar con su familia», dijo a la prensa tras concluir la audiencia el abogado de inmigración y activista César Vargas, el primer indocumentado en obtener ese título en Nueva York.
El 4 de julio Concepción Berríos y su esposo Margarito Silva también fueron arrestados por agentes de inmigración en una base militar en Nueva York tras haber mostrado, al igual que Villavicencio, el carné de identidad que emite esta ciudad.
La pareja quedó en libertad tras haber pagado una fianza de 20.000 dólares luego de una audiencia el lunes en un tribunal federal al norte de este estado.
