Los Ángeles, 9 may (ELINFORMADORUSA/EFEUSA).- La decisión de la Administración Trump de separar de sus familias a los menores que ingresen junto a sus padres de forma indocumentada por la frontera tendrá graves consecuencias en la salud de los niños, advirtieron expertos.
La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) se mostró hoy contraria a la medida anunciada este lunes del fiscal general, Jeff Sessions, sobre la separación que sufrirán los niños de sus familias indocumentadas cuando éstas sean detenidas en la frontera.
La pediatra Colleen Kraft, presidenta de la AAP, señaló que «las experiencias altamente estresantes, como la separación familiar, pueden causar un daño irreparable, alterando la arquitectura del cerebro de un niño y afectando su salud a corto y largo plazo».
«Este tipo de exposición prolongada al estrés grave, conocido como estrés tóxico, puede tener consecuencias de por vida para los niños», agregó Kraft.
APP se ha involucrado directamente con la situación y hasta la semana pasada había escrito al menos cinco veces al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para expresar su oposición a las separaciones y pidiendo que se derogue la práctica, que algunos medios aseguran que ha afectado ya a 700 familias.
Kraft, con 30 años de experiencia en el campo de la pediatría, vio con sus propios ojos la situación que ya viven varios niños, especialmente centroamericanos, en el estado de Texas.
«No solo estoy indignada, sino consternada por la gran crueldad de lo que vi», advirtió la pediatra, que recabó evidencia médica sobre las consecuencias de la separación.
Las advertencias sobre las devastadores efectos que tendrán estas separaciones de familias llegaron también desde la organización Kids in Need of Defense (KIND), que aseguró que son los menores los más castigados por la decisión de la Administración Trump
«Esta nueva política será increíblemente dañina, pero los niños sufrirán más y quedarán traumatizados por estas acciones y sufrirán consecuencias a largo plazo», dijo a Efe Megan McKenna, vocera de KIND.
La organización también advirtió de que la medida no detendrá la inmigración de estas familias que huyen de la violencia de sus países y supondrá que, con tal de «salvar la vida de sus hijos», los padres «tomarán rutas más peligrosas y remotas» para llegar a Estados Unidos, insistió McKenna.
Latin American Working Group y otras nueve organizaciones a nivel nacional también sentaron su voz de rechazo e intentan reunir al menos 7.500 firmas de votantes que respalden una petición a la secretaria de DHS, Kirstjen Nielsen, para que detenga la aplicación de esta medida.
Thomas Homan, subdirector y jefe interino de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quién acompañó a Sessions este lunes en su anuncio en la frontera sur de California, indicó que la separación de las familias no busca ser un «elemento disuasivo».
Sin embargo, defensores de los derechos de los inmigrantes como la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) acusan al Gobierno de querer socavar el sistema de asilo de Estados Unidos.
Benjamin Johnson, director ejecutivo de AILA, alertó de que las prácticas de la Administración Trump son «moralmente aborrecibles» y violan las leyes del país y sus «valores más preciados».
Johnson también cargó contra Sessions al decir que las afirmaciones «estridentes y mal informadas» del fiscal general de que los abogados «asesoran» a los solicitantes de asilo revelan su falta de respeto a los principios fundamentales del sistema judicial que garantizan el debido proceso y el derecho a buscar asesoría legal.
El anuncio de Sessions llega después de que en marzo pasado la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentase una demanda colectiva en contra del Gobierno por la separación de familias que solicitan asilo y cuya primera vista judicial se realizó el pasado viernes precisamente en San Diego.
«Recurrimos al sistema judicial para corregir este error, por el bien de la niña que vi sufrir en Texas, y por las cientos de otras familias desgarradas por el país al que buscaron refugio», aseguró la presidenta de la APP, que en este juicio testificó los daños que pueden sufrir los menores cuando son separados de sus padres.
