Por Joel Morales
El Informador
WYOMING, MI
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Hace dos meses que la empresa de abogados Avanti Law Group, PLLC en Wyoming levantó una demanda en contra del Departamento del Alguacil y del Condado de Kent por cooperar con ICE y por lo que dijo, fue el encarcelamiento ilegal de un hombre mexicano.
El lunes, 23 de octubre, el abogado Robert Álvarez nos informó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) estará representando al condado en el caso.
“Esto es muy raro. No estamos demandando al gobierno federal, nosotros estamos demandando al condado”, nos dijo el abogado hispano durante una entrevista. “Ha habido casos en el pasado en que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) se ha involucrado en estos tipos de casos, pero este es el primero para el Departamento de Justicia”, agregó.
Todo empezó el 17 de agosto, cuando Juan José Romero Lara, de 32 años de edad, de Wyoming y originario de México fue arrestado y encarcelado en la Cárcel del Condado de Kent.
El próximo día, cuando se presentó frente al juez Steven Timmers, el juez ordenó fuera soltado bajo una fianza personal y le dijo que estaría libre en par de horas, pero en lugar de salir fue detenido después que ICE contactó al departamento del alguacil y les dijo que lo detuvieran.
“Fue detenido ilegalmente y no solo estamos demandando por su encarcelamiento falso, pero también por las 6,000 a 8,000 personas que han sido detenidas de manera ilegal durante los pasados tres años”, dijo Álvarez, quien añadió es en violación de los derechos de las personas bajo las enmiendas 4 y 5 de la Constitución de Estados Unidos.
El abogado dijo que encontraron que existe un “Acuerdo de Servicio Intergubernamental” entre ICE y el condado firmado en el 2012, en el que la cárcel acordó ofrecer camas para personas retenidas por ICE, y por las cuales luego recibirían una compensación de $80 por cama, $30 por hora por guardia y $45 por tiempo de hora y media.
“Estamos pidiendo lo mínimo de $75,000 por cada persona”, dijo Álvarez. “Setenta y cinco mil dólares por cada una de las 8,000 personas, estamos hablando de millones de dólares”, agregó.
El abogado dijo que ha habido unas cuantas demandas contra otros condados en el país, la mayoría que fueron resueltas fuera de la corte. A la vez, siente que la ley está de su lado y eso le da esperanza de que van a ganar.
“Si ganamos el caso, se les va a pagar a las personas afectadas por haberles violado sus derechos constitucionales y de allí en adelante y por toda la nación, los condados y los aguaciles no podrán detener a los inmigrantes simplemente por querer hacerlo”, dijo Álvarez. “El hecho de que el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions (quien fue quien informó en el mes de septiembre que se cancelaba el programa DACA), ha dirigido al Departamento de Justicia a involucrarse en este caso, significa que tiene mucha importancia”, concluyó.
