Por Lee Marvin Abogado de Inmigración
La administración de Biden ha sido atacada recientemente por manejar el problema de los niños migrantes retenidos por el gobierno en espera de que el gobierno procese sus solicitudes de asilo. Los informes indican que aproximadamente 21,000 niños migrantes están detenidos en unas 200 instalaciones en todo el país. Según Associated Press, el número de niños bajo custodia del gobierno se ha duplicado en los últimos dos meses. Las instalaciones donde se encuentran detenidos los niños incluyen al menos una docena de instalaciones de emergencia sin licencia dentro de bases militares, estadios y centros de convenciones que pueden evitar las regulaciones y la supervisión gubernamentales normales. Numerosos abogados, defensores y expertos en salud mental dicen que muchos de estos refugios están poniendo en peligro la salud y la seguridad de los niños. Este problema se ha agravado como resultado de las decenas de miles de migrantes indocumentados que ingresan a Estados Unidos por la frontera sur.
El descontento adicional contra la Administración también proviene de los defensores de inmigración en nombre de los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), ya que han comenzado a emprender acciones legales contra la administración por demoras en las aprobaciones de ciertos procesos de inmigración. Más que nada, esta demanda se está utilizando para presionar al presidente para que apruebe rápidamente el proyecto de ley de ciudadanía propuesto. La demanda es de más de 80 «Dreamers» que solicitaron permisos de estudios en el extranjero en agosto y no han recibido una decisión para poder viajar al extranjero. La importancia de estas solicitudes es que se han utilizado para eliminar algunos obstáculos legales para obtener tarjetas de residencia para aquellos a quienes se les ha otorgado la capacidad de irse legalmente y luego regresar a los EE. UU. Un grupo de defensores en California había estado organizando viajes de estudios en el extranjero para los beneficiarios de DACA como una forma de aprovechar esta ventaja legal en particular.
Esta política de viajes terminó en 2017 cuando la administración Trump canceló DACA. Aunque el fallo de la Corte Suprema del 2020 ordenó la restauración de DACA y las solicitudes de viaje, los Dreamers han dudado en usarlos para viajar fuera del país por temor a que no se les permita volver a ingresar. Aunque el Departamento de Servicios de Inmigración y Ciudanía (por sus siglas en inglés, USCIS) anunció en diciembre que aceptaría solicitudes, los demandantes en la demanda dicen que la agencia no ha cumplido y han pasado meses sin ninguna aprobación. No está claro si este desafío legal toma en consideración la pesadilla administrativa que Covid-19 ha traído a todos los niveles de la sociedad.
El 11 de mayo, la administración de Biden anunció que a los estudiantes universitarios indocumentados se les permitiría acceder a la ayuda de socorro federal COVID-19. Esta decisión revierte la política del presidente Trump que prohíbe a estos estudiantes obtener dicha asistencia. El Departamento de Educación finalmente permitirá que los estudiantes indocumentados y los beneficiarios de DACA soliciten ayuda siempre que hayan estado inscritos en un colegio o universidad de EE. UU. Desde el 13 de marzo de 2020. Los refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes indocumentados que no forman parte de DACA también pueden solicitar ayuda de emergencia COVID-19.
La semana pasada, el 14 de mayo, el presidente Biden se reunió con un grupo de beneficiarios de DACA para discutir el alivio del Covid-19 y varios otros asuntos relacionados como parte de su estrategia política en curso para promover su agenda haciendo de la inmigración una prioridad principal bajo su administración. También se esperaba que Biden discutiera sus intenciones de cambiar el programa DACA de una orden ejecutiva a una ley, así como otro proyecto de ley estrechamente relacionado que ayuda a los trabajadores esenciales en las áreas de educación, agricultura y atención médica.
Por último, el 12 de mayo, los miembros del Congreso propusieron un proyecto de ley que levantaría la prohibición que impide que los inmigrantes indocumentados compren cobertura de atención médica bajo el mercado de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio. El proyecto de ley, llamado Ley HEAL (Equidad y Acceso a la Salud según la Ley para Mujeres y Familias Inmigrantes de 2021), está diseñado para expandir el acceso a la atención médica para inmigrantes indocumentados y documentados. La Ley HEAL permitiría que los inmigrantes «legalmente presentes» se inscriban inmediatamente en Medicaid o en el Programa de Seguro Médico para Niños, en contraste con la regla actual que requiere que las personas esperen cinco años después de recibir el estatus migratorio «calificado» antes de poder inscribirse. El proyecto de ley cuenta actualmente con más de 80 copatrocinadores y se espera que obtenga más apoyo.
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Lee L. Marvin es un abogado especializado en asuntos de inmigración y casos criminales
