Ciudad de México, 5 jun
El hallazgo del cuerpo sin vida de uno de los al menos siete trabajadores atrapados en una mina del norte de México enturbió este sábado las labores de rescate contra reloj de las autoridades, a la vez que trascendió que sobre la mina pesaba una denuncia por «terribles condiciones» de trabajo.
Ya pasaron más de 24 horas desde que una inundación derrumbó el viernes al mediodía el techo y las paredes de la mina de arrastre de carbón de la empresa Micaran en el municipio de Múzquiz, en el norteño estado de Coahuila.
Al lugar se trasladaron elementos del Ejército y de Protección Civil para drenar el agua de la mina y rescatar a los trabajadores, mientras familiares de las víctimas pasaron la noche en las inmediaciones rezando para pedir un pronto rescate.
MALAS NOTICIAS EN LA BÚSQUEDA
Sin embargo, las noticias son por ahora poco alentadoras, pues cerca de las 9.30 horas (14.30 GMT) de este sábado fue hallado muerto el minero Mauricio Cortez, el primero de los siete trabajadores localizado en la mina desde el inicio del rescate.
El Gobierno de México y el Gobierno de Coahuila expresaron de forma conjunta su «pésame a la familia del fallecido».
Además, a través de un comunicado el Ejecutivo federal aseguró que las labores de rescate prosiguen «de manera interrumpida para encontrar a los mineros restantes».
En el rescate participan el Ejército, la Guardia Nacional, mineros de la región y personal de Protección Civil tanto de Coahuila como del vecino estado de Nuevo León.
La hipótesis manejada por las autoridades es que una inundación por el desbordamiento de una presa provocó la rotura del techo y paredes de la mina, provocando el colapso del lugar, donde quedaron atrapados los mineros.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de visita en el sureño estado de Campeche, deseó el viernes, antes del hallazgo del primer cuerpo, que «el rescate sea favorable para las familias y para todos».
Por su parte, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, se encuentra en el lugar de los hechos, ubicado a unos 320 kilómetros al norte de Saltillo, capital del estado, donde supervisa las labores de desagüe de la mina.
UN MAL HISTORIAL DE LA ZONA
El hundimiento de la mina de Múzquiz, sobre la que pesaban quejas por las malas condiciones laborales, se suma al trágico historial de la región minera de Coahuila.
El accidente trajo a la memoria lo sucedido el 19 de febrero de 2006, en la mina de Pasta de Conchos, en el mismo estado, donde 65 trabajadores murieron en un accidente y solo dos cuerpos fueron recuperados mientras el resto permanecen sepultados a día de hoy.
Desde entonces, ha habido más de 100 muertes de mineros en la zona, según denuncia la organización Familia Pasta de Conchos, que agrupa a familiares de las víctimas de la tragedia.
Precisamente, este grupo mandó el 23 de octubre del año pasado una carta a Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa del Estado, quejándose de las condiciones de la mina de Micaran en Múzquiz, accidentada el viernes.
En la misiva, que no recibió respuesta, pidieron una reunión con Bartlett a fin de garantizar condiciones para la «no repetición de siniestros y fallecimientos evitables en las minas de carbón» de Coahuila que presuntamente proveen carbón a la CFE.
«Desde octubre del 2020 se denunciaron ante la CFE las terribles condiciones de esta mina, sin que las autoridades tomaran medidas acordes al riesgo», lamentó este sábado la organización Centro ProDH, que asesora a las víctimas de Pasta de Conchos.
Al parecer, en la mina de Micaran no había agua potable para los trabajadores, quienes trabajaban en zapatillas, sin ventilación, medidores de gas ni extinguidores, y no sabían si estaban afiliados al seguro social.
Pero la eléctrica pública se deslindó este sábado de lo sucedido asegurando que la mina accidentada no provee carbón a la CFE y que, por tanto, «era imposible que su director (Bartlett) estuviera enterado de la mina».
La asociación Pasta de Conchos sospecha que, según su propio recuento, en la mina quedaron atrapados ocho trabajadores en lugar de los siete que aseguran las autoridades.
