Por medio de este programa, denominado Warrant Service Officer (WSO), los oficiales designados y que trabajan en cárceles locales pueden mantener retenidos a inmigrantes indocumentados durante 48 horas si así se lo solicita ICE, aunque no pese sobre ellos orden de detención.
Además de aquellas policías que deseen colaborar con los polémicos «detainers», peticiones de detención de ICE sin el respaldo judicial, WSO también va dirigido a jurisdicciones sin presupuesto ni personal para sumarse al programa 287(g), que capacita y autoriza a policías para actuar como agentes migratorios.
El WSO se apoya en el propio 287(g), pero, a diferencia de este último, los agentes no podrán preguntar a los detenidos por su ciudadanía o estatus migratorio.
La diferencia radica además en que la WSO requiere menos capacitación y los oficiales locales no comienzan propiamente con el proceso de deportación, lo que permitiría esquivar algunas objeciones presentadas por jurisdicciones locales que rechazan retener a indocumentados basándose en sus propias decisiones.
Con ello, estas autoridades locales se guardan las espaldas ante posibles juicios en su contra por mantener retenidos a presos sin orden judicial.
Una vez superado el periodo de 48 horas y si ICE no se hace cargo de su custodia, el reo debe ser puesto en libertad, a menos que exista un Acuerdo de Servicio Intergubernamental, explicó la agencia federal en su comunicado.
El anuncio fue realizado durante un acto de firma al que asistió Jeanette Núñez, vicegobernadora de Florida, estado que está a punto de promulgar una de las leyes más restrictivas en materia migratoria del país y que prohíbe la creación de jurisdicciones «santuario» que impidan la colaboración con ICE.
«Las políticas que limitan la cooperación con ICE socavan la seguridad pública, impiden que la agencia ejecute su misión de mandato federal y aumentan los riesgos para los oficiales obligados a realizar arrestos a gran escala en lugares no seguros», dijo el director interino de ICE, Matthew Albence.
El primer alguacil en firmar este nuevo acuerdo con ICE fue el jefe de policía del condado de Pinellas (Florida), Bob Gualtieri.
La directora de campañas y políticas de inmigración de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Lorella Praeli, criticó que este programa busca «subvertir la voluntad de las comunidades locales que han aprobado ordenanzas para evitar exactamente este tipo de cooperación entre la policía y el ICE».
Por ello, instó a las autoridades locales a «resistir esta peligrosa propuesta y a respetar su compromiso con las comunidades a las que sirven».
ICE asegura que WSO surge de la petición de la Asociación Nacional de Alguaciles de un programa de alcance limitado que les permita honrar a los pedidos de ICE a pesar de las instrucciones de sus gobiernos locales.
El director ejecutivo de esta asociación, Jonathan Thompson, aseguró que este programa les brinda «apoyo legal» y permitirá «reducir la responsabilidad del alguacil».
Las ciudades «santuario» se han convertido en uno de los principales obstáculos de la Administración del presidente Donald Trump para poner en práctica sus políticas migratorias, que tienen por objetivo acelerar y aumentar el número de indocumentados que son deportados.