Atlanta (EFE)
Unas 40 mujeres inmigrantes que se hallaban en un centro de detención de Georgia han entablado una demanda colectiva en la que aseguran sufrieron abusos médicos al ser sometidas a procedimientos quirúrgicos innecesarios y sin su consentimiento. La acción legal, interpuesta a última hora del lunes en un tribunal federal de Georgia, incluye los testimonios de más de 40 inmigrantes y que aluden a la “negligencia, el abuso y las represalias” que experimentaron mientras estaban bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el Centro de Detención de Irwin.
Las mujeres presentaron testimonio bajo juramento ante el tribunal, “a pesar de los constantes intentos de ICE de silenciarlas, y revelan un patrón implacable de procedimientos médicos no consentidos, incluidas cirugías ginecológicas no deseadas y otras intervenciones médicas no consensuadas”, según dijeron las organizaciones que representan a las demandantes.
En el documento de 160 página se nombra como acusados, entre otros, a Tony Pham, director interino de ICE; Chad F. Wolf, secretario interino de Seguridad Nacional; William Barr, fiscal general, y Mahendra Amin, el ginecólogo que atendía a las inmigrantes en la prisión de Irwin, en la remota localidad de Ocilla, en el sur de Georgia. «Buscamos el fin inmediato de las atroces represalias contra las mujeres que hablaron contra el abuso, la liberación de las mujeres que han sufrido abuso médico y una compensación por los daños que sufrieron las sobrevivientes», dijo a Efe Azadeh Shahshahani, directora legal de Project South y coasesora en la demanda.
Project South, Government Accountability Project y otras organizaciones destaparon el escándalo al interior de ese centro para indocumentados en una queja legal que presentaron en septiembre pasado ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La denuncia estaba basada principalmente en el testimonio de Dawn Wooten, una enfermera que trabajó en la cárcel, operada por la corporación LaSalle Corrections, que alertó sobre el «alto número» de indocumentadas sometidas a histerectomías, una cirugía para extirpar el útero.
Los activistas instaron este martes a la Administración del presidente electo, el demócrata Joe Biden, y al Congreso “a corregir los errores” de la agenda migratoria del presidente saliente Donald Trump y clausurar el citado centro de detención, así como investigar “a todos los oficiales y contratistas de ICE que hicieron la vista gorda ante el abuso que las mujeres sufrieron bajo su supervisión”. «Ya es hora de que se cierre esta instalación plagada de violaciones de derechos humanos y de que ICE y LaSalle rindan cuentas», dijo Shahshahani a Efe.
Entre los testimonios incluidos en la demanda está el de Yanira Yesenia Oldaker, una madre mexicana de 36 años que llegó a Estados Unidos cuando solo tenía tres y que asegura haber sido víctima de Amin en febrero de este año, cuando fue sometida a un procedimiento ginecológico innecesario y sin su consentimiento. “Como sobreviviente de violencia sexual extrema, la señora Oldaker describe el dolor como si hubiesen vuelto a violar”, señala la demanda.
La mexicana, al igual que Luz Adriana Walker, una colombiana de 54 años, y Lourdes Terrazas Silas, una boliviana de 41 años, aún se encuentran en el centro de Irwin junto con al menos otras seis inmigrantes que también denunciaron al ginecólogo. El abogado de Amin, Scott Grubman, ha rechazado todos los cargos contra su cliente, sobre el que asegura es “un médico muy respetado que se ha dedicado al tratamiento de una población de alto riesgo y desatendida en las zonas rurales de Georgia”.
Las organizaciones que defienden a las mujeres inmigrantes presentaron una demanda el mes pasado luego de que ICE deportaran a algunas de las indocumentadas que denunciaron al ginecólogo, a pesar de que el Congreso y el Departamento de Seguridad Nacional investigan las acusaciones. El recurso legal logró detener a última hora las deportaciones de varias otras denunciantes luego de que el gobierno accediera a suspender su expulsión hasta por lo menos mediados de enero.
Entre las organizaciones que representan a las mujeres están también National Immigration Project, de la National Lawyers Guild (NIPNLG); la Immigrants’ Rights Clinic, de la Facultad de Leyes de la Universidad de Columbia; la Community Health Law Partnership Clinic y First Amendment Clinic, de la Universidad de Georgia, y el Harvard Immigration and Refugee Clinical Program.
Además participan en su defensa la Immigrant Rights Clinic, de Texas A&M; el Immigrants’ Rights and Human Trafficking Program, de Boston University School of Law; el bufete Dreyer Sterling LLC; Georgia Latino Alliance for Human Rights; Georgia Detention Watch, y el South Georgia Immigrant Support Network.
