Atlanta (EFE)
Organizaciones defensoras de los migrantes divulgaron este jueves un nuevo informe que presenta relatos de mujeres que dicen haber sido sometidas a cirugías invasivas y forzosas cuando estaban detenidas en una cárcel para indocumentados en Georgia envuelta en un escándalo de presuntos abusos. El reporte, titulado «Violencia y Violación: Abuso médico de inmigrantes detenidos en el Centro de Detención del Condado de Irwin», recoge los testimonios de 14 indocumentadas de México, El Salvador, Honduras, Guatemala, Bolivia, Jamaica, Camerún y Rusia.
En la mayoría de los casos, las mujeres aseguran que el ginecólogo de la prisión, identificado como Mahendra Amin, las sometió a procedimientos ginecológicos sin su consentimiento y que además eran innecesarios, según dictaminaron posteriormente otros médicos. «Bajo ninguna circunstancia podemos guardar silencio», dijo una de las mujeres afectadas, una madre hondureña de 34 años identificada como «K» y que asegura haber sentido como si su «ovario se pudriera por dentro» luego de ser tratada por Amin. La inmigrante describe el centro de detención de Irwin como un «hospital psiquiátrico»: «He escuchado a gente gritar pidiendo ayuda. Hombres y mujeres. No hay atención, nos abandonan. Es terrible».
«Las sobrevivientes de estos horribles abusos todavía se encuentran en situaciones precarias y requieren alivio migratorio», dijo a Efe Azadeh Shahshahani, directora legal de Project South, una de las organizaciones que redactó el informe. El reporte se publica un año después de que, junto con otros grupos, Project South destapara el escándalo en Irwin, lo que conllevó a que el Gobierno del presidente, Joe Biden, ordenara su cierre. «El Gobierno de Biden debe tomar medidas para poner fin a la detención de inmigrantes, no ampliarla. A los deportados se les debe permitir regresar al país para que puedan comenzar a reconstruir sus vidas y continuar participando en investigaciones en curso sobre abuso médico en Irwin», dijo Shahshahani.
Para Cindy Zapata, abogada de la Clínica de Inmigración y Refugiados de la Universidad de Harvard, otro de los grupos que colaboró con el informe, «es preocupante que este tipo de abuso y maltrato continúe en Estados Unidos y que los inmigrantes detenidos sean las víctimas». «Estas mujeres han demostrado una valentía inimaginable al hablar en contra de este abuso, y algunas han sufrido represalias directas con la deportación y la separación de sus familias. Pero a pesar de todo, siguen exigiendo cambios», agregó. En el reporte, que da seguimiento a la queja presentada hace un año ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, también participaron las organizaciones Georgia Detention Watch, Georgia Latino Alliance for Human Rights y South Georgia Immigrant Support Network.
