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San Diego, 20 mar (ELINFORMADORUSA/EFEUSA).- Un grupo de inmigrantes que fue devuelto a México como parte de una nueva política de la Administración de Donald Trump, que obliga a los indocumentados a esperar al otro lado de la frontera sus procesos de asilo, tuvieron su primera audiencia en EEUU.
Seis inmigrantes centroamericanos, parte de los primeros grupos enviados a México en enero pasado, fueron transportados esta mañana desde el puerto de entrada en San Ysidro hasta su audiencia en San Diego (California), custodiados en todo momento por agentes federales.
En la corte, algunas abogadas pidieron más plazo al juez de inmigración Rico Bartolome, porque no tuvieron el tiempo necesario para discutir el caso con sus clientes, ya que éstos se encontraban en albergues en Tijuana (México).
Robyn Barnard, abogada de la organización Human Rights First, calificó el proceso de «desordenado», dado que las autoridades federales no están notificando a los inmigrantes de manera apropiada, según dijo.
Prueba de ello es que la semana pasada tuvieron que retrasarse las primeras audiencias, tras la «falla» y descoordinación entre las fechas de presentación entregadas a individuos y las fijadas por la corte de inmigración, lo que propició que muchos no pudieron estar en su audiencia.
«Si no tienen un abogado que se pueda involucrar y sepa a quién llamar para verificar las fecha, ellos pudieran no saber si su fecha cambió por algún error del sistema», explicó la litigante.
«Tienes a individuos en albergues de Tijuana, sin una casa fija, que quizá tengan que estarse moviendo, y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no tenía ninguna dirección en las órdenes de presentación, así que no se cómo planeaban notificar a estos individuos», agregó.
Baynard, quien representa a dos hondureños que este martes tuvieron su cita, solicitó que éstos permanezcan en Estados Unidos mientras avanza su proceso, petición concedida por el juez.
De encontrarse fundamentos de «miedo creíble», los inmigrantes podrán permanecer en el país, aunque posiblemente bajo detención de autoridades.
Lisa Knox, abogada con el Centro Legal de la Raza, coincidió en que el proceso es complejo dado que «realmente nadie conoce el sistema», algo que fue evidente en corte para todas las partes involucradas.
Knox y su equipo tuvieron que trasladarse a Tijuana en varias ocasiones para hablar con sus clientes y en base a sus testimonios consideró que «no es un lugar seguro» para ellos.
También, las abogadas criticaron que no se les otorgara un espacio privado para poder hablar con sus clientes previo a su presentación ante el juez.
Baynard, dijo haber pedido a los guardias que los custodiaban que les permitieran hablar a solas con sus clientes, pero éstos se negaron.
Al término de las audiencias, miembros de este grupo fue devuelto a la frontera, en espera de la resolución de los casos.
