Miami
os jueces de la Corte Suprema Judicial del estado de Massachusetts pidieron al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) que paralice las deportaciones de indocumentados acusados de cargos criminales que se hallan en medio de procesos judiciales y sin notificación previa a la corte.
En una carta remitida al director adjunto de ICE en Boston, Todd Lyons, los magistrados Ralph Gants, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Massachusetts, y Paula Carey, juez principal del tribunal de primera instancia del estado, se refirieron al caso de Anibal Maldonado, que esperaba juicio en una corte de Middlesex por tráfico de cocaína pero ha sido deportado a República Domincana.
«Ahora, si la fiscal de distrito desea continuar con esta acusación, debe ella buscar la asistencia del Departamento de Justicia y el Departamento de Estado para extraditar al acusado de regreso a Massachusetts desde la República Dominicana», escribieron los jueces.
«Ciertamente, es una afrenta a la justicia», dijeron, para luego expresar su confianza de que la deportación de Maldonado sea «una desviación de la política de ICE en lugar de ser coherente con ella».
Maldonado, según se explica en la carta, compareció en una corte el 13 de diciembre de 2019 «y fue puesto en libertad bajo reconocimiento personal», pero antes de que abandonase la corte los oficiales de ICE lo detuvieron.
Posteriormente, tal como agentes de ICE informaron a un funcionario de la corte, el acusado fue deportado a República Dominicana y, por ende, no pudo comparecer en una audiencia programada para el pasado 11 de febrero.
«Reiteramos nuestra solicitud de confirmación por escrito de que ICE cesará su práctica de expulsar a los acusados penales estatales en espera de juicio sin previo aviso al tribunal y al fiscal de distrito correspondiente», reiteraron los magistrados en la misiva, tal como recoge el diario Boston Globe.
Ambos recordaron que ya en octubre pasado enviaron otra carta similar al predecesor de Lyons, Marcos Charles, en la que dieron cuenta de 13 casos en las cortes superiores estatal en las que los acusados fueron deportados por ICE antes de que concluyan los procesos, y «sin el conocimiento del tribunal y, hasta donde sabemos, sin el conocimiento del fiscal de distrito correspondiente».
La queja de los magistrados se da días después de que ICE criticase a las autoridades locales por liberar a inmigrantes al amparo de las «políticas santuario» que impide la colaboración entre la agencia federal y las fuerzas de seguridad y cortes locales.
La Administración del presidente Donald Trump anunció el envío de agentes de las fuerzas especiales de la Patrulla Fronteriza a las «ciudades santuario», entre ellas Boston, para reforzar la acción de las autoridades migratorias, una medida criticada y calificada de táctica intimidatoria por autoridades locales.
