Por Luis Molina / El Informador
(El Informador / USA).- El pasado viernes 9 de noviembre, ante la posibilidad de un ingreso masivo de los integrantes de las caravanas de migrantes, el gobierno dictaminó que sólo permitiría recibir solicitudes de asilo a las personas que cruzan la frontera sur del país en los puntos de control legales. A pesar de la dura tolerancia cero proclamada por Donald Trump, recientemente un juez federal bloqueó temporalmente las nuevas reglas establecidas por el mandatario argumentando que las leyes migratorias estadounidenses permiten la solicitud de asilo, aunque los migrantes no accedan por las entradas oficiales.
El juez federal Jon Tigar de California determinó el lunes 19 de noviembre que la nueva política de la administración actual del país, la cual busca negar asilo a los migrantes que ingresan ilegalmente a los Estados Unidos, parece estar en conflicto con la ley que específicamente les permite hacerlo.
“Cualquiera que sea el alcance de la autoridad del presidente, no puede volver a escribir las leyes de inmigración para imponer una condición que el Congreso ha prohibido expresamente”, escribió el juez Tigar del Tribunal de Distrito en San Francisco.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) de 1965 establece que cualquier extranjero que arribe a los Estados Unidos puede solicitar asilo. Sin embargo, esta protección temporal hace que calificar para la ciudadanía estadounidense sea mucho más difícil o imposible.
“La norma que prohíbe el asilo para los inmigrantes que ingresan al país fuera de un puerto de entrada entra en conflicto irreconciliablemente con el INA y la intención expresada por el Congreso”, indicó el juez de California.
Por otro lado, la respuesta de la casa blanca no se hizo esperar y los funcionarios de la administración de Trump señalaron que se mantendrán en la defensa de la política migratoria del mandatario y continuarán presionando el asunto en la Corte.
“Nuestro sistema de asilo está roto y está siendo abusado por decenas de miles de reclamos sin mérito cada año”, señalaron Katie Waldman y Steve Stafford portavoces de los Departamento de Seguridad Nacional y Justicia respectivamente.
Mediante un comunicado, el gobierno reprochó a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Centro por los Derechos Constitucionales por influir en un asunto de seguridad nacional.
“Es absurdo que se pueda encontrar que un conjunto de grupos de defensa tiene derecho a demandar para impedir que todo el gobierno federal actúe de manera que los extranjeros ilegales puedan recibir un beneficio del gobierno al que no tienen derecho. Esperamos continuar defendiendo el ejercicio legítimo y razonado del poder ejecutivo de su autoridad para enfrentar la crisis en nuestra frontera sur” concluyó el comunicado.
Expertos señalan que el fallo es un golpe importante para los esfuerzos de la administración de Trump por cambiar unilateralmente la ley de asilo. Y se espera que el asunto pueda ir a la Corte Suprema para una decisión final.
