San Diego (CA), 14 nov (ELINFORMADORUSA/EFEUSA).-
n magistrado federal determinó este miércoles en San Diego, California, que los migrantes que piden asilo en el país y temen ser enviados a México mientras esperan los resultados tengan acceso a abogados de inmigración.
El juez Dana Sabraw falló a favor de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otras dos organizaciones pro inmigrantes que la semana pasada presentaron una demanda colectiva.
El magistrado resolvió que, cuando los migrantes expresan que temen regresar a México y, por lo tanto, se les asignan «entrevistas no devolutorias», deben tener acceso a abogados.
Un portavoz de la ACLU, Edward Sifuentes, explicó a Efe que ese tipo de entrevistas son adicionales al proceso regular y están a cargo de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
Se inician cuando los migrantes expresan temor si regresan a México durante las entrevistas con agentes de inmigración para demostrar el «miedo creíble» y solicitar asilo.
La decisión del juez Sabraw es «una orden de restricción temporal que garantiza a los demandantes acceso a abogados, y prepararse durante las entrevistas» en las que quieren explicar sus razones para permanecer en territorio estadounidense sin integrarse al Protocolo de Protección a Migrantes (MPP), dijo Sifuentes.
El MPP fue creado por la Administración del presidente Donald Trump en enero pasado para que los solicitantes de asilo lleven su proceso desde México y así desalentar la llegada de migrantes.
«La decisión del juez es una victoria para nuestros demandantes, para el derecho a contar con abogado y para nuestra visión de un sistema de inmigración justo y equitativo», dijo Monika Langarica, abogada de derechos de los inmigrantes de ACLU.
Langarica había acusado a la administración Trump de levantar «un muro entre los migrantes y sus abogados», por impedir a los representantes legales participar en las entrevistas de USCIS para revisar temores de volver a México.
La demanda colectiva representa a varias familias migrantes que se declararon temerosas. La directora regional de la ACLU para la frontera de California con México, Norma Chávez Peterson, presentó el caso de una de esas familias.
La citada familia huyó de Guatemala cuando la mayor de cinco hijos, una adolescente de 17 años, fue violada y amenazada de muerte. Al cruzar México, madre, padre e hijos fueron asaltados y vejados, obligados a desnudarse incluso, en una ocasión, por hombres uniformados.
Esa familia ha permanecido en una instalación de la patrulla fronteriza mientras la corte resuelve el caso y ahora ACLU coordina las entrevistas con abogados.
En la demanda participan Servicios Familiares Judíos de San Diego y el Centro Legal para los Derechos de los Inmigrantes.
