Opinión Por Héctor Loya
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos resolvió el pasado martes que debe seguir vigente la orden emitida por el ex presidente Donald Trump que obliga a expulsar del país a quienes lleguen a él pidiendo asilo. Tal directiva, conocida como Título 42, fue adoptada en el marco del desastre pandémico por el que transitó el mundo –agravado por las torpes decisiones del propio Trump– y usó como justificación la necesidad de evitar contagios por parte de los extranjeros que acuden al territorio estadounidense huyendo de la violencia o de la persecución en sus países de origen.
Incluso en aquellas condiciones de emergencia sanitaria, el veto a los solicitantes de asilo era irracional, carente de bases científicas y profundamente inhumano. De modo que el fallo del máximo tribunal estadunidense que perpetúa la prohibición Trumpista no tiene más fundamentos que la xenofobia y el racismo característicos de la presidencia anterior.
El fallo que da vigencia indefinida al Título 42 complica la crisis humanitaria que se vive en nuestra frontera y coloca al gobierno mexicano en una encrucijada de muy difícil solución, pues no hay condiciones para proporcionar servicios básicos y garantizar la seguridad de decenas de miles de migrantes, más ahora que se están congelando en casas de campaña.
Por ello, la resolución del máximo tribunal estadunidense no sólo es una tremenda injusticia para los viajeros, sino también un agravio para México, que se ve enfrentado a un problema en cuya génesis no tuvo responsabilidad alguna, al contrario, si de echar la culpa se trata, tendríamos que culpar al presidente Biden que prometió mucho en campaña y hasta la fecha nada de nada.
Las deplorables tendencias que imperan en el órgano máximo de justicia de Estados Unidos son también una herencia de la era de Trump, el cual alteró el equilibrio que prevalecía en la Corte al nombrar a jueces y juezas retrógrados y racistas.
En resumen, este colegiado es una desgracia para la propia sociedad estadounidense e incluso para su actual gobierno, pues la incapacidad de Biden de hacer efectivas sus promesas de campaña se explica en buena medida por la obligación de acatar las resoluciones de una Suprema Corte de Justicia derechista y cavernaria.
