Por Edgar Castro/GRAND RAPIDS, MI
En enero de 2025, la posición oficial de la Policía de Grand Rapids sobre la cooperación con autoridades federales en temas migratorios captó la atención de la comunidad hispana y de inmigrantes en el oeste de Michigan.
Ante rumores y preocupaciones crecientes sobre posibles arrestos y deportaciones de personas indocumentadas, el jefe de policía de Grand Rapids, Eric Winstrom, declaró públicamente que el departamento no participará en la aplicación de la ley de inmigración ni colaborará con actividades de detención por estatus migratorio.
Winstrom explicó que, aunque mantienen una relación de trabajo con agencias federales como ICE (Immigration and Customs Enforcement) y el Departamento de Seguridad Nacional, la Policía local no tiene la autoridad ni el interés de aplicar la ley migratoria federal, y que la política de la ciudad — adoptada desde 2017 — prohíbe a sus oficiales actuar como agentes de inmigración.
El jefe aseguró que el departamento no pregunta sobre el estatus migratorio de las personas durante sus labores habituales y que, si se recibe información de manera proactiva sobre alguien indocumentado, no se comparte con otras agencias. Además, subrayó que se busca que todos los residentes puedan llamar al 9-1-1 sin temor a ser interrogados o a que su estatus sea utilizado en su contra.
Esta postura se dio en un contexto nacional de intensificación de las políticas migratorias federales en 2025, cuando el gobierno federal amplió los esfuerzos de aplicación de la ley de inmigración y pasó nuevas leyes para facilitar la detención y deportación de inmigrantes indocumentados acusados de delitos — medidas que generaron debates y preocupaciones entre líderes locales y organizaciones defensoras de derechos civiles.
