Phoenix (AZ), 23 abr (ELINFORMADORUSA/EFEUSA).-
Larry Mitchell Hopkins, de 69 años, fue arrestado en Sunland Park (Nuevo México) el sábado pasado debido a que se trata de un delincuente convicto y estaba en posesión de armas de fuego y munición.
Kelly O’Connell, abogado de este integrante de la organización conocida como Los Patriotas Constitucionales de los Estados Unidos, dijo que su cliente solo pensó que estaba ejerciendo su derecho estadounidense de «ayudar a interceptar a las personas que creen que están llegando ilegalmente y llevarlos con la Patrulla Fronteriza».
En caso de ser hallado culpable, Mitchell Hopkins, descrito como «comandante» de este grupo de milicianos, podría enfrentar diez años tras las rejas, más tres años de libertad condicional y hasta 250.000 dólares en multas.
En Sunland Park, el grupo opera desde hace más de un mes un pequeño campamento cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, desde donde realiza operaciones para localizar y retener a inmigrantes indocumentados que cruzan ilegalmente al país.
Tras su primera comparecencia ante un juez federal, Mitchell Hopkins deberá permanecer bajo custodia hasta su próxima cita en la corte, el 29 de abril.
La demanda que llevó a Hopkins a la corte afirma que durante una búsqueda en el año 2017 en su domicilio, ubicado en Flora Vista, en Nuevo México, se descubrieron nueve armas de fuego cargadas con municiones.
Hopkins fue condenado previamente en Oregón en 2006 por posesión de un arma de fuego y hacerse pasar por un agente del orden y en Michigan diez años antes por portar un arma cargada.
«Este es un delincuente peligroso que no debe tener armas cerca de niños y familias», dijo el fiscal general de Nuevo México, Héctor Balderas, en un comunicado tras su detención.
Su arresto, declaró Balderas, «indica claramente que el estado de derecho debe estar en manos de oficiales de policía entrenados y no de vigilantes armados».
Su detención se produjo después de que este grupo autodenominado como de «autodefensa» publicase en los días previos videos en las redes sociales en los que se ve a varios de sus integrantes ordenando a familias migrantes, incluidos niños pequeños, que se sentasen en el suelo mientras llegaban agentes de la Patrulla Fronteriza.
Esta agencia federal indicó recientemente en su cuenta oficial de Twitter que «no respalda ni aprueba» la acción de grupos u organizaciones privadas que «interfieren» en la aplicación de la ley, lo que podría tener «consecuencias legales» para los implicados.
La semana pasada, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) había pedido a la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, que se investigasen las «detenciones ilegales» de indocumentados en la frontera sur de este estado hechas por grupos civiles armados.
Por medio de una carta enviada con copia a Balderas, ACLU indicaba que el pasado 16 de abril esta «organización de milicias fascistas y armadas» había retenido en Sunland Park a casi trescientas personas, incluidos menores.
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