Washington, 13 jun (ELINFORMADORUSA/EFEUSA).-
Los beneficiarios del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) han estado en el punto de mira del Gobierno desde que el presidente Donald Trump emprendió una cruzada contra la inmigración irregular al asumir la Presidencia, en enero de 2017.
«Consecuentemente, debido a que el DACA no otorga una situación legal, sus beneficiarios siguen siendo inelegibles para las hipotecas de las Agencia Federal de la Vivienda», explicó el subsecretario de Relaciones con el Congreso y en el Gobierno del HUD, Len Wolfson, en una carta remitida al diario Politico.
El funcionario alegó que no depende de su agencia el «determinar» el estatus legal de los inmigrantes, sino que esa es una tarea que depende de otros organismos, cuyo criterio respeta su departamento.
Asimismo, Wolfson acusó al anterior Gobierno de ser responsable de esta situación ya que, según dijo, el programa DACA «no otorga ningún derecho significativo, estatus migratorio o vía a la ciudadanía».
Esta valoración contradice a la opinión expresada recientemente por el propio secretario del HUD, Ben Carson, quien el pasado mes de abril afirmó en una audiencia ante el Congreso que «numerosos» soñadores se benefician ya de este tipo de hipotecas.
«Y añadiría que he dado instrucciones a todo el mundo para que se atenga a las leyes de EE.UU. en relación con el DACA, respecto a cualquiera que sea inmigrante, y que mientras que se respeten las leyes esta política contará con mi aprobación», sostuvo Carson.
En septiembre de 2017, el presidente Donald Trump decidió eliminar el DACA, promulgado por su antecesor, Barack Obama (2009-2017), y que protegía de la deportación a 690.000 jóvenes indocumentados llegados al país siendo niños.
Hasta ahora los tribunales han bloqueado la eliminación de DACA y el tema ha sido presentado al Tribunal Supremo.
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