Una reciente investigación reveló que el país de México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en turismo sexual infantil, siendo superado solo por Tailandia. Debido a lo anterior desde el Senado de la República se han solicitado acciones contundentes contra este crimen. Hace unos días en Zacatecas se llevó a cabo el foro “Pornografía infantil y turismo sexual infantil en México: una triste realidad” y contó con la presencia de representantes de los tres Poderes del Estado, las cámaras empresariales y la sociedad civil.
El foro tuvo el objetivo de llamar la atención a la problemática del turismo sexual infantil en México y la violencia sexual. De acuerdo con un comunicado del Senado de la República, en México, cinco millones de niñas y niños son víctimas de violencia sexual. Debido a la pandemia, este tipo de crímenes se incrementaron hasta 73 por ciento.
Las víctimas de pornografía y turismo sexual infantil oscilan entre los cero meses y los 18 años de edad.
Tan sólo en el año de 2018, 20 mil menores de edad cayeron en las manos de las redes de trata, problemática que se encuentra profundizada en los destinos turísticos de Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta, Los Cabos y la Ciudad de México. Es precisamente Acapulco la ciudad con mayor afluencia de turismo sexual en nuestro país. Pederastas extranjeros, particularmente de Estados Unidos y Canadá visitan el puerto para cumplir sus fantasías sexuales y generar pornografía infantil. Posteriormente regresan a su país para comercializar el material.
De acuerdo con el informe del Senado, en México se generan 34 mil millones de pesos anuales por pornografía infantil. Según datos del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, el país ocupa el primer lugar a nivel mundial en difusión de este tipo de pornografía.
En México 1 de cada 10 delitos relacionados con pornografía infantil fueron denunciados. Sin embargo, sólo se inició un proceso judicial en apenas el 60 por ciento de los casos. Además, en México un presunto responsable de violencia sexual infantil puede estar libre hasta 3 años después de haber cometido el crimen. Y, como bien sabemos, las víctimas pueden tardar años en el proceso de la búsqueda de justicia.
