México, 12 ago (ELINFORMADORUSA/EFE News).-
Los expresidentes mexicanos Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón tendrán que comparecer ante la Justicia tras la denuncia de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), que los implica en el caso de Odebrecht, afirmó este miércoles el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador.
«Implica que sean llamados a comparecer, que declaren, los dos expresidentes, entre otros servidores públicos, o sea, tienen que declarar el expresidente Calderón, el expresidente Peña, el diputado al que hacen mención, los senadores, todos los mencionados», aseguró López Obrador en su rueda de prensa matutina.
El presidente se refirió a la denuncia que hizo el día previo Lozoya, exjefe de Pemex entre 2012 y 2016 acusado de recibir sobornos de Odebrecht, en la que acusó de manera formal a Peña Nieto y a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, de participar en la trama de corrupción, como reveló La Fiscalía General de la República (FGR).
Lozoya aseveró que ambos le ordenaron usar 100 millones de pesos (4,4 millones de dólares) de los sobornos en la campaña electoral de 2012 y después, ya en el Gobierno, destinar 120 millones de pesos (5,3 millones de dólares) para comprar el voto de cinco senadores y un diputado en la reforma energética de 2013.
Además, Lozoya apuntó al sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) por presuntos privilegios para la planta petroquímica Etileno XXI, vinculada con una compañía mexicana que es socia de Odebrecht.
La Fiscalía indicó que existen cuatro testigos, recibos y un vídeo, que López Obrador pidió difundir este miércoles.
«Es conveniente el que se ventile este asunto y todos los que tienen que ver con la corrupción, estoy también de acuerdo en que se otorguen beneficios a los que aporten información, claro, con pruebas fehacientes», argumentó el mandatario.
Lozoya, director durante parte del sexenio de Peña Nieto (2012-2018) es el primer exfuncionario mexicano en declarar por el caso de Odebrecht, por lo que ha sacudido la política nacional desde su extradición de España el 17 de julio.
Aunque afronta cargos de cohecho, asociación delictiva y lavado de dinero, López Obrador ha pedido tratarlo como testigo «protegido» o «colaborador» para que revele los nombres y el monto de los políticos que recibieron sobornos, en particular de los involucrados en la aprobación de la reforma energética.
Sin embargo, el mandatario reiteró su «postura política» de que es necesaria una consulta pública para juzgar a los expresidentes.
«Hay quienes dicen cárcel, aunque sea un año pero cárcel, yo digo que lo que digan los jueces, pero a mí lo que más me importa es que moralicemos a México que se destierre la corrupción, que se purifique la vida pública», insistió.
Aun así, aseguró que él no obstaculizará el proceso judicial al recalcar que la Fiscalía es autónoma.
«No puedo convertirme en encubridor, en cómplice, yo doy mi opinión, creo que lo mejor es que se conozca todo, que la gente sepa qué sucedió y que la gente decida», dijo.
