Por Lee Marvin Abogado de Inmigración
Dos noticias recientes que ocurrieron la semana pasada han colocado a la administración Biden en una posición difícil mientras trata de manejar el problema de inmigración fuera de control que heredó después del final de la administración pasada. La primera noticia tiene que ver con los problemas en curso que el programa DACA ha enfrentado durante varios años. Les daré más detalles a continuación. El segundo anuncio sobre inmigración fue una actualización de la frontera y cómo el problema es peor de lo que nadie creía.
El gobierno de Biden anunció el viernes pasado que la patrulla fronteriza tuvo aproximadamente 188.000 encuentros con migrantes en la frontera durante el mes de junio. También se informó que la patrulla fronteriza hizo un número asombroso de más de un millón de arrestos desde octubre pasado. Los datos del gobierno indican que este número es mayor que cualquier otro año desde 2005 y representa un aumento masivo en la aprehensión familiar que aumenta más del 25% desde el mes anterior. Este gran número de entradas y detenciones no autorizadas está aumentando a pesar de la campaña social y diplomática que el presidente y el vicepresidente han estado haciendo para intentar que los migrantes dejen de entrar en el país.
Hasta ahora, el presidente Biden ha mantenido en vigor la controvertida política de emergencia de COVID-19 de la era Trump, lo que facilita que el gobierno rechace las entradas en la frontera y permita que inmigración acelere las deportaciones. A pesar de las críticas del presidente Biden a esta política, aún no la ha eliminado, pero ahora está hablando de ponerle fin en un futuro próximo. El resultado de poner fin a esta política abriría un proceso normal de inmigración para aquellos que entran en el país y les permitiría solicitar asilo. Aunque esto suena prometedor para aquellos en la frontera, en realidad, van a descubrir que el número masivo de casos atrasados en el sistema judicial de inmigración puede simplemente ponerlos en el limbo durante muchos años.
Con el fin de ayudar con el problema de los atrasos, el recién nombrado fiscal general de Biden está haciendo cambios en una serie de políticas de la era Trump. Uno en particular se puso en marcha para limitar el poder de los jueces de inmigración para cerrar temporalmente ciertos casos de deportación. El 15 de julio, AG Garland revirtió la orden que impedía el cierre administrativo por parte de los jueces para que se les permita de nuevo remover casos de sus expedientes si los consideran de baja prioridad para la deportación o si creen que darle más tiempo para que un solicitante solicite otro proceso resultaría en un resultado más justo. La esperanza es que esta autoridad renovada reduzca en gran medida la acumulación de casos que ahora suman más de 1,3 millones.
En otras noticias de última hora, el pasado 16 de Julio, el juez de distrito Hanen de Texas falló sobre un caso pendiente del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) después de casi seis meses de consideración. A finales del año pasado, varios estados de Estados Unidos demandaron al gobierno federal por DACA argumentando que el programa fue creado ilegalmente a través de la acción ejecutiva del presidente Obama en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo. Esta ley está diseñada para poner un control sobre un uso potencialmente ilimitado del poder presidencial. De hecho, muchos de los ataques del presidente Trump a las leyes de inmigración se impidió en el último par de años debido a su desprecio de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Esta decisión es otro golpe para el programa que ha sido objeto de innumerables demandas en los últimos años. Aunque el presidente Biden ha prometido apelar la decisión que básicamente invalida DACA, no es probable que prevalezca ya que esta es la primera vez que un tribunal federal realmente consideró la legalidad del programa. Los litigios anteriores sobre DACA fueron intentos de Trump de poner fin arbitrariamente al programa, nunca se cuestionó la creación del programa.
Aunque se espera que los beneficiarios actuales de DACA mantengan su estatus a corto plazo, no se permitirá que los nuevos solicitantes presenten y no es probable que nadie pueda renovar nuevamente. En última instancia, esta lucha irá a la Corte Suprema o se creara un reemplazo permanente para el programa a través del Congreso, lo que hará que DACA ya no sea necesario. En este momento, los candidatos de DACA tendrán que empezar a contener la respiración de nuevo para ver qué sucede en el futuro.
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Lee L. Marvin es un abogado especializado en asuntos de inmigración de familia y negocios.
