Phoenix (AZ), 4 feb (ELINFORMADORUSA/EFE News).-
gencias de Nuevo México persisten en la divulgación de información confidencial de los residentes de este estado a instituciones federales, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), reveló un reporte de organizaciones proinmigrantes.
Por ello, Somos Un Pueblo Unido y la Unión Americanas de Libertades Civiles (ACLU) de Nuevo México exigieron al Gobierno de Nuevo México «políticas claras» y «leyes firmes» para que se detenga la entrega de esos datos personales.
«Siguen compartiendo la información de la comunidad porque no contamos con políticas claras, además tienen la idea por desconocimiento que al dar la información a ICE, es como si lo hicieran a cualquier agencia policiaca, y son dependencias muy distintas, con requisitos legales diferentes», dijo a Efe Gabriela Ibáñez, abogada de Somos Un Pueblo Unido.
El informe señala que empleados del Departamento de Soluciones para la Fuerza Laboral de Nuevo México (DWS, en inglés) informan a agentes de ICE que no pueden proporcionar información sobre casos de inmigración.
Pero entonces algunos uniformados les presionan al indicar que el individuo en cuestión está siendo investigado por «violaciones de la ley federal» o está «actualmente bajo investigación federal», sin una orden judicial o una citación, y ceden ante sus peticiones.
«Sabemos que esta gobernadora (Michelle Lujan Grisham) sí tiene la intención de no compartir la información, hizo un llamado a no hacerlo, pero necesitamos que se haga un cambio de ley para que sea claro y los empleados detengan esta práctica», afirmó Ibáñez.
Marcela Díaz, directora ejecutiva de Somos Un Pueblo Unido, indicó que los resultados de este informe demuestran la falta de políticas por escrito para que los empleados estatales de primera línea puedan evaluar qué compartir y con quién.
Los ciudadanos del estado «deberían poder acceder a servicios estatales con plena confianza de que su información confidencial personal no se divulgará a agencias externas o individuos sin criterio. Actualmente, se encuentran vulnerables y corren el riesgo de que sus datos caigan en las manos equivocadas», comentó.
Las organizaciones enviaron solicitudes de registros públicos al Departamento de Salud de Nuevo México, el Departamento de Servicios Humanos de Nuevo México, la División de Libertad Condicional y Libertad Condicional del Departamento de Correcciones de Nuevo México.
Así como a la División de Vehículos Motorizados de Nuevo México y el Departamento de Soluciones de Fuerza Laboral de Nuevo México, donde los registros resultantes revelan un patrón y una práctica de los empleados estatales de entregar datos privados a las agencias federales.
El reporte también señala que entre la información que se comparte por parte de las dependencias estatales se incluyen el estado migratorio, la condición de personas sin hogar, el historial de enfermedades mentales e información sobre los miembros de su familia, con poco o ningún cuestionamiento, y sin una citación o una orden de un juez.
Steve Allen, director de políticas públicas de la ACLU de Nuevo México, dijo que la información que recibieron del reporte, constata la «urgente» necesidad de aprobar una legislación que proteja a los nuevos mexicanos de la extralimitación del gobierno federal.
